CASA BLANCA DEMANDA A TEXAS POR LEY ANTI-VOTO

Los votantes discapacitados, adultos mayores y aquellos que no hablan inglés corren el riesgo de ser privados de sus derechos bajo la nueva ley de votación de Texas aprobada por la Legislatura controlada por el Partido Republicano hace unos meses, clama una demanda presentada ayer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que desafía la legislación conocida como Proyecto de Ley del Senado 1 (SB 1).

Promulgada por el gobernador Greg Abbott en septiembre, la legislación endureció aún más las leyes electorales del estado, con una serie de cambios que incluyen la prohibición de la votación en autoservicio y nuevas reglas para la votación por correo.

Si bien demócratas y grupos de defensa han atacado la SB 1 como una estrategia republicana para reprimir la participación en las ciudades de Texas –principalmente entre minorías, que tienden a inclinarse hacia los demócratas– el Departamento de Justicia centró su demanda en dos disposiciones que, según dice, violan la Ley federal de derecho al voto y la Ley de Derechos Civiles de 1964. 

La primera establece límites estrictos sobre la cantidad de asistencia que se puede brindar a los votantes que, debido a discapacidades o dominio limitado del inglés, pueden necesitar ayuda para navegar el proceso de votación. La segunda impone nuevas limitaciones a la forma en que las personas que votan por correo verifican sus identidades.

La demanda, presentada en la Corte federal de San Antonio, sostiene que ambas disposiciones “restringirán los derechos electorales fundamentales sin promover ningún interés estatal legítimo”.

“Estos votantes vulnerables ya enfrentan barreras a las urnas, y la SB 1 exacerbará los desafíos que enfrentan en el ejercicio de su derecho fundamental al voto”, argumenta la demanda, que dice que la ley impactaría negativamente a los votantes con discapacidades, los votantes de edad avanzada, los miembros de los militares que están desplegados, los votantes con un dominio limitado del inglés y los votantes que residen fuera del país.

Limitan asistencia al votar

El estado ha permitido durante mucho tiempo que los votantes que necesitan ayuda para emitir sus votos tengan a alguien que los ayude, mientras que los que ayuden no intenten influir en los votos reales. La SB 1 impone nuevas limitaciones a lo que pueden hacer esos asistentes. No pueden responder preguntas, aclarar traducciones, explicar el proceso de votación o parafrasear un lenguaje complejo, dice la demanda federal.

La ley también crea posibles sanciones penales para las personas que ayudan a los votantes. Se requiere que una persona que asiste a que un votante complete el papeleo revele su relación con ese votante. También deben recitar un juramento ampliado –ahora bajo pena de perjurio–, que establece que no “presionaron ni coaccionaron” al votante para que los eligiera para recibir ayuda.

El juramento ya no permite responder explícitamente a las preguntas del votante. En cambio, un asistente debe comprometerse a limitar su asistencia a “leer la boleta al votante, indicar al votante que lea la boleta, marcar la boleta del votante o indicarle al votante que marque la boleta”.

Los límites a la asistencia afectarán particularmente a los votantes con dominio limitado del inglés y a aquellos con discapacidades, sostiene la demanda.

“Hay un historial de discriminación contra votantes con discapacidades en Texas”, afirma la demanda, señalando estimaciones de que el 28 por ciento de los texanos tienen afecciones que afectan su movilidad, cognición o visión.

La demanda también apunta a las nuevas reglas de SB 1 para la votación por correo. Texas tradicionalmente ha puesto más límites a la votación por correo que otros estados. La legitimidad de las papeletas de votación por correo se determinó comparando las firmas en las solicitudes y las papeletas.

Más requisitos

La SB 1 creó nuevos requisitos de identificación. Los votantes que deseen recibir una boleta electoral por correo deben proporcionar su número de licencia de conducir o, si no la tienen, los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social cuando envíen una solicitud para obtener la boleta.

Luego deben proporcionar los mismos números en el sobre utilizado para devolver su boleta completa. Los críticos señalan que a muchos votantes, en particular a los solicitantes de edad avanzada, se les puede rechazar el voto simplemente porque no recordaron qué número de identificación usaron la primera vez o porque perdieron su tarjeta de identificación.

La ley, que entrará en vigencia a tiempo para las elecciones primarias de 2022, ya enfrenta desafíos legales en general, argumentan que afectará de manera desproporcionada a los votantes de color y a los votantes con discapacidades. Esos desafíos, junto con la demanda del jueves, podrían retrasar su implementación.

Abbott, en un tuit respondiendo a la noticia de la demanda, defendió la nueva ley, diciendo: “Inténtenlo… en Texas es más fácil votar pero más difícil hacer trampa”.

Aplauden demócratas

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas aplaudieron la medida del Departamento de Justicia y dijeron que estaban “agradecidos… por tomar medidas decisivas para detener los continuos ataques de los republicanos de Texas a nuestra democracia”.

“El Proyecto de Ley del Senado 1 es una legislación de gran alcance que crea barreras innecesarias y deliberadas para votar”, dijo un comunicado de los representantes estatales Chris Turner, Rafael Anchía, Nicole Collier y Garnet Coleman, el grupo de demócratas que preside el Caucus Demócrata de la Cámara, el Caucus Legislativo Mexicoamericano, el Caucus Legislativo Afroamericano de Texas y el Grupo de Estudio Legislativo, respectivamente.

El grupo también reiteró su llamado al Congreso para que apruebe una legislación de votación federal, que fue parte de lo que provocó una ruptura del quórum de una semana de la mayoría de los demócratas de la Cámara durante el verano en un esfuerzo por bloquear la aprobación del republicano proyecto de ley de elecciones.

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