VINCULAN A AUREOLES CON ESPOSO DE GÓMEZ MONT POR «RED DE ESPIONAJE»

Recientemente Alfredo Ramírez Bedolla, actual Gobernador de Michoacán, denunció que el exfuncionario Silvano Aureoles Conejo habría comprado un software de espionaje a una empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y quien cuenta con una orden de aprehensión.

De acuerdo con el funcionario, quien brindó una conferencia de prensa, la administración Aureoles firmó un contrato en 2017 por la cantidad de 19.5 millones de dólares para el monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo el estado; en cada uno de los municipios se utilizaron 12 computadoras para “su servicio y mantenimiento”.

«Este es un contrato muy grande. Efectivamente todo indica que es de espionaje porque se establece que se instalarán doce terminales para estar monitoreando, por lo que aquí se indica, las direcciones de IP, o sea, de Facebook, WhatsApp (…) De 19 mil 500 millones de dólares es el contrato. Y por supuesto que forma parte de las investigaciones que estamos realizando. Tenemos bien ubicado el contrato», expresió Ramírez.

«Entendemos que una parte del contrato se pagó y otra no. Y se retiraron los equipos, por tanto, es un contrato donde no está determinado cómo establecieron ese monto de 19 millones de dólares. Qué reportes tenían que entregar. Lo que detectamos es que el Gobierno anterior utilizaba un modelo de fraude con base a arrendamientos, rentaban las patrullas, rentaban el C5, rentaban software de este tipo, los equipos de salud», agregó.

Al respecto fue el día de ayer que Salvador García Soto reveló la información en torno a los contratos con la empresa tecnológica e informática propiedad de Álvarez Puga, a la que se pagaron hasta 132 millones de dólares en cinco años, desde 2017 hasta 2021 para instalar y operar un sistema de espionaje.

«De acuerdo con fuentes que conocieron de la instalación y operación de ese ´sistema de monitoreo y seguimiento de direcciones IP´, se trataba en realidad de un centro desde donde se practicaba espionaje y seguimiento a teléfonos celulares y equipos de cómputo no sólo de Michoacán sino de todo el país, y en donde se espiaba a personajes políticos, empresarios, periodistas y otras personas públicas», indicó García Soto en su texto.

 

 
 

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