Hasta el invierno de 2023, Daniil Kliuka vivía apaciblemente en Dankov, un municipio 300 kilómetros al sur de Moscú. Pero en febrero de ese año fue arrestado por el servicio de seguridad FSB.
Inicialmente lo acusaron de enviar una donación de 20 mil rublos (4 mil 200 pesos mexicanos) a la brigada ultranacionalista ucraniana Azov, catalogada de «terrorista» en Rusia, un cargo que él niega.
El profesor de 28 años y su entorno sospechan que lo arrestaron después de que alguien en su escuela lo delatara.
Una ola de denuncias ha recorrido el país desde marzo de 2022, cuando el presidente Vladimir Putin anunció una caza de «traidores» y pidió a la sociedad rusa que «se autolimpiara» después de iniciar la invasión de Ucrania.
Grupos de activistas afines al Kremlin recogieron el encargo y han denunciado a cientos de personas a la fiscalía.
Algunos han delatado a conocidos y vecinos, según medios independientes rusos, ya sea por ideología, codicia, envidia, ambición o para eliminar a un adversario.
Kliuka asegura que fue denunciado por garabatear «cuernos» y «barbas» en las fotografías de autoridades rusas que aparecían en un diario pro-Kremlin que debía leer en su trabajo.
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