Ayer se cumplieron 12 meses desde el día que en el exterior del inmueble ubicado sobre la calle Tapachula, en la colonia Granjas Polo Gamboa, vecinos reportaban un aroma penetrante que se intensificaba con el calor del verano.
La noche del 26 de junio de 2025 agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) acudieron al lugar para realizar una inspección.
Detrás del portón metálico del crematorio Plenitud se encontraba una escena que marcaría la historia reciente de Ciudad Juárez.
Lo que comenzó como una diligencia sanitaria terminó por exhibir una cadena de irregularidades que, un año después, sigue bajo investigación, denuncian las familias.
En el interior del establecimiento permanecían 386 cuerpos que nunca fueron cremados y que, en muchos casos, correspondían a personas cuyos familiares ya habían recibido una urna funeraria con la certeza de haber cumplido la última voluntad de sus seres queridos.
La noticia se propagó en cuestión de horas. Al inmueble comenzaron a llegar patrullas, unidades del Servicio Médico Forense, peritos, agentes ministeriales y personal de Protección Civil.Durante los siguientes días, el crematorio permaneció bajo resguardo ministerial.
La extracción de los cuerpos se realizó de forma escalonada. Cada traslado implicó el trabajo coordinado de médicos forenses, antropólogos, criminalistas, fotógrafos y agentes del Ministerio Público, quienes documentaron la posición en que fue localizado cada cadáver para preservar la evidencia.
La magnitud del hallazgo obligó a la Fiscalía a habilitar espacios adicionales en el Servicio Médico Forense para recibir los cuerpos y comenzar un proceso de identificación sin precedente en Chihuahua.
La cifra oficial del número de cadáveres fue cambiando conforme avanzaban los trabajos periciales.
Primero se informó sobre decenas de cadáveres; después, la cantidad aumentó hasta que la autoridad confirmó el hallazgo de 386 cuerpos, entre hombres, mujeres, adultos mayores e incluso menores de edad.
El fiscal general del Estado en ese entonces, César Jáuregui Moreno, calificó el caso como “atroz” e “inédito”, al reconocer que nunca antes la institución había enfrentado una investigación de esa magnitud relacionada con un establecimiento funerario.
Volvió a empezar
Mientras las autoridades aseguraban el inmueble, cientos de familias comenzaron a acudir a la Fiscalía General del Estado.
Algunas llevaban consigo el contrato firmado con la funeraria. Otras cargaban el certificado de defunción, fotografías o documentos que acreditaban el servicio de cremación; muchas sostenían la urna con las supuestas cenizas de su padre, madre, hijo o esposo, sin saber si realmente correspondían a la persona que habían despedido meses o incluso años atrás.La incertidumbre sustituyó al duelo.
La Fiscalía instaló módulos de atención para recibir información de los familiares y comenzó la integración de expedientes ante mortem, con datos físicos, dentales, médicos y genéticos que permitieran comparar cada caso con la información obtenida de los cuerpos recuperados.
Al mismo tiempo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) inició la atención psicológica y jurídica para quienes enfrentaban nuevamente el proceso de despedir a un ser querido.
“La gente lloraba con sus urnas. Fueron escenas de frustración, tristeza, coraje y mucho sentimiento, porque volvimos a vivir el duelo”, recordaría meses después Dora Elena Delgado Barraza, vocera del colectivo Justicia para Nuestros Deudos.Las escenas se repitieron durante semanas.
Familias completas esperaban durante horas una respuesta que casi siempre terminaba con la misma frase: el proceso de identificación continúa.
Una investigación que creció desde el primer día
La carpeta de investigación dejó de centrarse únicamente en el crematorio.Peritos comenzaron a revisar contratos, bitácoras, registros de ingreso de cadáveres, certificados médicos, permisos sanitarios y documentación relacionada con las funerarias que enviaban cuerpos a Plenitud para su cremación.
La investigación alcanzó desde los responsables directos del establecimiento hasta la actuación de las dependencias encargadas de supervisar los servicios funerarios.Al mismo tiempo, la Fiscalía pidió paciencia a las familias.
La identificación de los cuerpos requería un proceso científico que incluía huellas dactilares, odontología forense, antropología, análisis genéticos y confronta documental.
Los primeros resultados tardaron varios días en llegar, pero fueron el inicio de un trabajo que continúa un año después.
Primeras detenciones
Mientras los trabajos periciales avanzaban, la investigación dio sus primeros resultados en el ámbito penal.El 4 de julio de 2025, la Fiscalía General del Estado informó la vinculación a proceso de José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud, y de Facundo M. R., empleado del establecimiento, por delitos relacionados con el manejo indebido de cadáveres.
La autoridad sostuvo desde un principio que la investigación no se limitaría al crematorio y que también revisaría la actuación de las funerarias que contrataron sus servicios y de las dependencias responsables de supervisar este tipo de establecimientos.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, declaró Jáuregui Moreno al referirse al alcance de la investigación.Conforme avanzó la integración de la carpeta, la Fiscalía confirmó que el crematorio mantenía relaciones comerciales con diversas funerarias de Ciudad Juárez.
La revisión de contratos, facturas, certificados de cremación y registros administrativos buscó determinar si las empresas conocían que los cuerpos permanecían almacenados o si también fueron afectadas por el incumplimiento del servicio.
Las primeras identificaciones
Mientras el proceso penal iniciaba, el Servicio Médico Forense enfrentó el mayor reto de la investigación: devolver un nombre a cada uno de los cuerpos.Los primeros días fueron de trabajo ininterrumpido.
Equipos multidisciplinarios documentaron tatuajes, cicatrices, prótesis, tratamientos dentales y cualquier rasgo que facilitara una identificación.
Tres semanas después del hallazgo, las autoridades informaron que 13 cuerpos habían sido identificados y 11 entregados a sus familiares.
También reportaron que más de un centenar permanecía en proceso de rehidratación para intentar recuperar huellas dactilares, una técnica utilizada cuando las condiciones del cuerpo lo permiten.
Además, la Fiscalía informó que había brindado atención a alrededor de mil 650 personas relacionadas con el caso y comenzaba a recibir las primeras denuncias por fraude contra funerarias.
De la incertidumbre nacen los colectivos
Mientras los avances oficiales llegaban de forma paulatina, las familias comenzaron a organizarse.Así nacieron los colectivos Justicia para Nuestros Deudos y Memoria, Dignidad y Justicia.
El objetivo inicial fue acompañar a quienes enfrentaban la incertidumbre de no saber si los restos que conservaban correspondían realmente a sus familiares y exigir que las investigaciones avanzaran con transparencia.
El inicio de las protestas
Las primeras manifestaciones se realizaron frente a las instalaciones de la dependencia estatal. Después siguieron protestas en funerarias relacionadas con la investigación, marchas por las principales avenidas de Ciudad Juárez y reuniones con diputados locales y representantes de organismos de derechos humanos.
Las familias exigieron que la investigación no terminara con la detención de los responsables directos del crematorio.
También solicitaron revisar la actuación de funcionarios encargados de autorizar, inspeccionar y supervisar los establecimientos funerarios.
Conforme transcurrieron las semanas, el caso se convirtió en una exigencia de justicia impulsada por cientos de familias que encontraron en los colectivos un espacio para acompañarse, compartir información y mantener vivo el reclamo de verdad.
Con el transcurso de los meses, lejos de disminuir, las manifestaciones se mantuvieron durante los doce meses posteriores al hallazgo.Las familias realizaron protestas en funerarias relacionadas con la investigación y acudieron al Congreso del Estado para exigir reformas que fortalecieran la supervisión de los establecimientos funerarios.
También solicitaron reuniones con autoridades estatales y federales, presentaron escritos ante organismos de derechos humanos y reclamaron que las investigaciones alcanzaran a todos los responsables.
Durante el desarrollo de la carpeta de investigación, la Fiscalía amplió las líneas de trabajo.Además del proceso penal contra los responsables directos del crematorio, la autoridad revisó la actuación de funerarias que contrataron sus servicios y la documentación relacionada con la prestación de esos servicios.
Con el paso de los meses también aumentó el número de denuncias por fraude presentadas por familiares que pagaron por una cremación que, presuntamente, nunca se realizó.
Hasta el primer aniversario del caso, la Fiscalía informó que había recibido 157 denuncias por este delito.De manera paralela, varias familias iniciaron demandas civiles para reclamar la reparación del daño y el cumplimiento de las responsabilidades derivadas de los contratos funerarios.
El balance al cumplirse un año
En la conferencia más reciente sobre el caso, la Fiscalía General del Estado informó que 251 cuerpos habían sido identificados y 247 entregados a sus familiares.
Otros 135 permanecían pendientes de identificación, por lo que el trabajo pericial continúa.
La autoridad también informó que tres personas enfrentan procesos penales relacionados con el caso, mientras otro implicado permanece prófugo.
A ello se suman 157 denuncias por fraude derivadas de los servicios funerarios.
Aunque esas cifras reflejan avances en la investigación, para muchas familias representan también el tamaño de lo que aún falta por resolver.
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