A un año del hallazgo de los cuerpos en el crematorio Plenitud, integrantes de los colectivos Justicia para Nuestros Deudos y Memoria, Verdad y Justicia tomaron la tarde de ayer sábado las calles en una marcha de protesta para denunciar la falta de resultados tangibles y lo que califican como una red de complicidad institucional.
La movilización partió a las 6:00 de la tarde de la funeraria Latinoamericana (una de las involucradas en el caso) con destino a la Fiscalía, donde culminó con una vigilia simbólica para “darle luz a estos 135 cuerpos que aún faltan por entregar a sus familias”, señaló Dora Elena Delgado Barraza, del colectivo Justicia para Nuestros Deudos.
Para las familias, este primer aniversario no representa un avance, sino la confirmación de un abandono estatal.
Delgado Barraza fue tajante al señalar que ha sido “un año de simulación, de impunidad, de silencio institucional y de corrupción”.
Según la activista, instituciones como la Fiscalía, Coespris, el Registro Civil y el Poder Judicial parecen formar una “alineación perfecta de simulación”, donde, a pesar de existir 157 denuncias por fraude, las funerarias involucradas continúan operando sin mayores consecuencias.
Verónica Gamboa, integrante del grupo Memoria, Verdad y Justicia, enfatizó que el daño no es sólo legal, sino profundamente emocional y físico.
“Es un año en el que además de todo lo jurídico y las omisiones, es importante recalcar el estado anímico y emocional en el que todos estamos; ha sido un año de mucha frustración y mucho dolor”, expresó Gamboa, señalando que este desgaste es un punto en el que pocas veces se hace hincapié, pero que afecta todos los aspectos de su vida.
La abogada del colectivo, Olivia Aguirre Bonilla, desglosó las graves deficiencias jurídicas que han marcado el caso.
Denunció que, en los pocos casos judicializados por fraude, las reparaciones del daño han sido insultantes. “Han sido acuerdos reparatorios de cinco mil o seis mil pesos, pero realmente no hay una reparación integral del daño”, dijo.
Aguirre explicó que no se han realizado periciales de daño moral ni psicológico, lo que lleva a las víctimas a aceptar cantidades simbólicas por necesidad.
Asimismo, la defensa legal puso en duda la narrativa oficial sobre la captura del responsable principal.
Respecto a la posible extradición del dueño del crematorio, Aguirre señaló que es una “remota posibilidad” que no ha sido explicada con claridad por la Fiscalía, citando que muchas solicitudes de México hacia Estados Unidos no prosperan.
“Ahorita realmente el dueño del crematorio es muy, pues muy remota la posibilidad de que pueda estar aquí en la justicia mexicana”, advirtió.
La protesta también se centró en la cadena de omisiones que permitió la operación del establecimiento. Las familias exigen que se informe a qué funcionarios se está investigando, señalando directamente a dependencias como la Coespris.
“¿Dónde están todas las autoridades que están involucradas y que por omisión o falta de acción también ocurrió lo que ocurrió?”, cuestionó la abogada Aguirre, quien concluyó que lo que existe actualmente es una “justicia retardada”, la cual, por definición, no puede ser considerada justicia.
A un año del hallazgo de los cuerpos, denuncian la falta de resultados tangibles
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