FAMILIAS DE MILITARES EN LA MIRA; REDADAS MIGRATORIAS HAN DETENIDO A MAS DE 50 CONYUGES DE ELEMENTOS EN EU

Según una investigación de AP, integrantes de las fuerzas armadas en servicio activo han sido detenidos desde que Trump inició su segundo mandato, y al menos seis han sido deportados

AP.- El gobierno del presidente Donald Trump ha detenido a decenas de padres y cónyuges de militares estadounidenses en servicio activo, a medida que recorta las protecciones migratorias para las familias de los soldados con el fin de impulsar su plan de deportaciones masivas, según una investigación de The Associated Press.

Más de 50 padres y cónyuges de miembros de las fuerzas armadas en servicio activo han sido detenidos desde que Trump inició su segundo mandato, y al menos seis han sido deportados y uno se autodeportó, halló la AP en el primer recuento de este tipo de arrestos, de los que el gobierno no lleva un registro. Al menos ocho familiares directos de militares estadounidenses permanecen bajo custodia de autoridades migratorias federales.

Durante décadas, los padres y cónyuges del personal militar han estado, por lo general, protegidos frente a la deportación gracias a un consenso bipartidista. Pero la AP encontró que ahora se les detiene rutinariamente durante meses mientras intentan regularizar su situación legal mediante las políticas disponibles para familiares cercanos de los militares, e incluso mientras las fuerzas armadas siguen reclutando personal y anuncian prestaciones migratorias para las familias de los alistados.

Los expertos advierten que el giro podría socavar el estado de la preparación militar, en un momento en que Estados Unidos libra una guerra contra Irán. Esto ha dejado a militares sin apoyo emocional ni cuidadores para sus hijos, ha retrasado emplazamientos y ha obligado a algunos a tomarse licencias.

“¿Cómo puedo concentrarme siquiera en mi carrera militar si tengo que preocuparme por cómo está mi esposa?”, se preguntó Hedar Leonel Turcios Juárez, sargento del Ejército. Estaba emplazado en Fort Bliss, Texas, cuando su esposa fue detenida en julio afuera de un Walmart, delante de su hija de 6 años.

Un puñado de detenciones de cónyuges de militares causó rechazo público y derivó en la intervención del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para asegurar su liberación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que no compila datos sobre estos casos. La AP obtuvo información por medio del análisis de miles de registros de tribunales federales recopilados por Habeas Dockets, un proyecto dirigido por la Immigration Justice Transparency Initiative, un organismo sin fines de lucro que rastrea registros judiciales de individuos detenidos en el sistema migratorio; revisando la cobertura mediática existente, y verificando datos con familiares y abogados. La cifra real probablemente es mucho mayor que los 52 casos hallados por la AP.

La AP solicitó comentarios al DHS sobre cada caso, incluidos los antecedentes migratorios y penales de los afectados. La agencia no proporcionó información específica sobre la mayoría de los casos, pero señaló que al menos siete personas ya habían sido expulsadas de Estados Unidos anteriormente, al menos ocho tenían órdenes de expulsión y al menos dos habían sido declaradas culpables por conducir en estado de ebriedad o por delitos relacionados con drogas.

“El DHS y el ICE (siglas en inglés del Servicio de Migración y Control de Aduanas) valoran las contribuciones de todos aquellos que han servido en las fuerzas armadas de Estados Unidos”, indicó el departamento en un comunicado. “El servicio militar en Estados Unidos por sí solo no otorga automáticamente un estatus migratorio legal, ni exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes migratorias» del país.

El Pentágono declinó comentar sobre los hallazgos de la AP.

Los militares están perdiendo su red de seguridad

Wendy Gbeve, sargento técnico de la Fuerza Aérea de 30 años de edad, contó que no ha dormido bien desde que su padre, Luis Alberto Ramírez Zavala, fue detenido por la policía migratoria el mes pasado. Gbeve estaba presente cuando su padre fue arrestado durante una entrevista rutinaria en Missouri con los Servicios de Ciudadanía y Migración (USCIS, por sus siglas en inglés) sobre su solicitud pendiente de estatus legal.

Ella pasó horas actualizando la página del USCIS para rastrear a dónde llevaba el gobierno a su padre: de una cárcel de condado en Missouri a un centro de detención del ICE en Texas. Finalmente, unas dos semanas después de que fue detenido, se enteró de que había sido deportado a su México natal.

“Es la sensación más frustrante y de impotencia”, expresó Gbeve.

Dijo también que el ICE aún no le ha informado a su familia por qué su padre fue expulsado tan rápidamente. Ramírez Zavala pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos trabajando como peón agrícola en zonas rurales de Illinois.

La esposa de Ramírez Zavala desde hace 30 años, que cuenta con la residencia legal permanente, está sopesando regresar a México para estar con su esposo. Para Gbeve, cuyo marido también está en la Fuerza Aérea, eso la dejaría sin nadie para cuidar a sus hijos, de 2 y 4 años, si ambos fueran desplegados en alguna misión.

“Esa sería toda nuestra red de apoyo”, expresó.

Algunos militares se han visto obligados a pedir licencia o retrasar despliegues

Algunos militares se han quedado cuidando a niños solos.

Alexis Jaramillo, sargento de escuadra y especialista en operaciones de aviación que lleva más de una década en el Ejército, relató que normalmente estaría involucrado en el entrenamiento de soldados en Fort Polk, Louisiana. En cambio, se encuentra con licencia administrativa, cuidando a su hijastro de 5 años, Noah, después de que su esposa brasileña, Maisa Lopes Eliaser, fuera detenida en julio.

Ocurrió durante lo que la familia pensó que era una cita rutinaria en una oficina del USCIS en Alabama. Eliaser llegó a Estados Unidos con una visa de turista en 2019, y la pareja estaba tratando de cambiar el estatus de ella.

Los funcionarios de inmigración le pidieron a Jaramillo y a su hijastro que salieran de la sala. Minutos después, les dijeron que Eliaser había sido detenida. La siguiente vez que la vieron fue dentro de un centro de detención.

“Es realmente abrumador porque necesito cuidar a mi hijo yo solo. No hay nadie aquí para ayudarme”, expresó Jaramillo.

Al menos una soldado en servicio activo suspendió su despliegue inminente después de que su esposo fuera detenido por agentes de inmigración, lo que la dejó sin nadie para cuidar a su hijo, que entonces tenía 5 años, según muestran registros judiciales. Finalmente un juez ordenó que el esposo fuera liberado.

Esta política es un cambio incluso respecto al primer gobierno de Trump

Una nueva política, implementada en abril de 2025, establece que “el servicio militar por sí solo no exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes migratorias de Estados Unidos”.

Expertos en derecho migratorio militar señalan que esto marca un cambio drástico respecto a gobiernos anteriores de todo el espectro político, incluido el primer gobierno de Trump.

Dan Gividen, quien fue subdirector jurídico del ICE de 2016 a 2019 en ese gobierno de Trump, representa al padre de un soldado que ha estado bajo custodia del ICE durante más de ocho meses. Dijo que mientras fue fiscal del ICE, las autoridades migratorias rara vez detenían a familiares directos de militares, a menos que hubieran cometido delitos violentos.

“No los pondríamos en procedimientos de expulsión, punto. Eso es una locura”, declaró Gividen. “El hecho de que lo estén haciendo ahora es simplemente indignante”.

Anteriormente, el ICE por lo general cancelaba órdenes de expulsión pasadas y permitía que padres o cónyuges de militares ajustaran su estatus legal, indicó Margaret Stock, abogada de inmigración y teniente coronel retirada que está en la Reserva del Ejército. Dijo que eso se debía a que el gobierno quería asegurarse de que los militares se concentraran en sus deberes.

“Es lo mismo que pasa si no les proporcionas atención médica a los militares, o no les das vivienda a los militares”, apuntó. Si los soldados están preocupados por familiares detenidos o deportados, “ya no están concentrados en su trabajo”.

Incluso algunos republicanos en el Congreso, que por lo demás apoyan en gran medida la agresiva ofensiva migratoria de Trump, han presionado para que se libere a familiares de militares.

“El sistema migratorio les está fallando a los estadounidenses honorables y buenos”, sostuvo la representante republicana Maria Elvira Salazar en una conferencia de prensa en julio, en la que abogó por la liberación de la esposa del sargento de escuadra retirado Wilmer Trujillo, quien estuvo en Irak y Afganistán. El DHS indicó que ella reingresó ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido deportada en 2005. Su abogado dice que buscan rescindir la orden de expulsión porque a ella no se le notificó adecuadamente de la audiencia que dio lugar a dicha orden.

Aunque el DHS dice que no tiene datos sobre militares en servicio activo, ha publicado cifras sobre exmilitares, quienes también cumplen los requisitos para obtener prestaciones migratorias junto con sus familiares directos. Del 20 de enero de 2025, al 26 de enero de 2026, las autoridades migratorias detuvieron a 125 militares veteranos, de los cuales colocaron a 34 en procedimientos de expulsión, y arrestaron a más de 150 familiares directos, indicó el DHS en una carta a varios senadores demócratas.

Anh Dung Cong Tran, conocido como “Tony”, tenía a un padre y a un hijo que estuvieron en las fuerzas armadas. Tran llegó a Estados Unidos en 1990 a través de un programa para hijos de personal militar estadounidense nacidos en Vietnam. Tran, de 56 años, fue deportado en julio, tras haber vivido en territorio estadounidense durante décadas, efectuando controles con regularidad ante las autoridades migratorias después de haber sido declarado culpable de agresión poco después de su llegada.

Su hijo Antonio Tran aseguró que su padre lo persuadió para alistarse en las fuerzas armadas en 2022. “Ahora tiene una visión totalmente diferente de Estados Unidos”, aseveró Tran, quien fue dado de baja como especialista del Ejército en marzo después de sufrir una lesión grave.

“Sea lo que sea que su familia haya hecho por este país, para mantener a este país seguro, para darle a la gente, a los estadounidenses, la libertad de caminar y dormir seguros por la noche, bueno, no nos importa eso”, le dijo Tony Tran a la AP en una videollamada desde Vietnam.

Las prestaciones para militares incluyen lo que se conoce como “parole-in-place”

Los reclutadores militares promocionan las prestaciones migratorias para las familias de los militares como un argumento para alistarse.

Una de las prestaciones migratorias más publicitadas del ejército es el “parole-in-place” (permiso de residencia temporal), que permite que los cónyuges, hijos y padres de militares en servicio activo y veteranos obtengan estatus migratorio legal desde el interior del país. No todos cumplen los requisitos: quienes se quedaron más tiempo del permitido por sus visas o quienes ya solicitaron estatus legal en la frontera, por ejemplo.

La política se implementó en el gobierno del presidente republicano George W. Bush durante la guerra contra Irak en 2007, y fue incluida en los códigos en el gobierno del presidente demócrata Barack Obama. Las agencias del DHS la pueden conceder caso por caso.

En el gobierno de Trump, el tiempo promedio que tarda recibir el permiso de residencia temporal militar se ha más que duplicado a 12 meses, según datos del USCIS. Eso deja a las familias militares más vulnerables a ser puestas bajo custodia del ICE.

Demócratas en el Congreso y organizaciones que ayudan a familias militares que enfrentan la deportación, incluida Repatriate Our Patriots, dijeron que los hallazgos de la AP eran alarmantes.

“Es labor de los militares asegurarse de que las familias estén siendo atendidas, y esta no es la manera de cuidar a las familias”, expresó el representante Gil Cisneros, exsubsecretario de Defensa para personal, quien presentó un proyecto de ley este año destinado a dificultar negar el permiso de residencia temporal a los familiares de militares. “A este gobierno simplemente no le importa, y no están pensando en las personas que arriesgan sus vidas por el país y para defender a nuestra nación”.

A pesar de esto, los reclutadores militares siguen promoviendo las prestaciones migratorias

La AP encontró que familiares directos de militares han sido detenidos repetidamente por el ICE mientras solicitaban el permiso de residencia temporal o intentaban ajustar su estatus, incluso durante citas con las autoridades migratorias.

Úrsula Borja Valle, madre del cabo de la Infantería de Marina Jose Manuel Vilchis Valle, fue detenida en una cita en agosto de 2025 y deportada a México en menos de una semana. Ella había vivido en Estados Unidos desde la década de 1990 sin antecedentes penales. Su hijo intentaba ayudarla a resolver una orden de expulsión de décadas atrás mediante las prestaciones migratorias que los reclutadores militares habían usado para ayudar a convencerlo de alistarse.

“Básicamente me dijeron que si estás en las fuerzas armadas, y si lo hiciste honorablemente, puedes ayudar a tus padres”, afirmó Vilchis Valle, de 23 años, quien fue dado de baja honorablemente poco después de que su madre fuera deportada. “En un mundo perfecto, yo hubiera deseado que, por mi servicio (en las fuerzas armadas), pudieran haberla indultado”.

En otros casos, el ICE ha detenido a personas a las que ya se les había otorgado protección, y luego la agencia argumentó en escritos judiciales que su estatus de permiso de residencia temporal había sido revocado.

En junio de 2025, el Cuerpo de Infantería de Marina dejó oficialmente de anunciar el alistamiento como una forma de proteger a familiares inmigrantes, en respuesta a consultas de la AP. Pero los reclutadores del Ejército y de la Guardia Nacional aún lo promueven.

“Para algunos militares, alistarse no se trata sólo de servir a su país”, dice una publicación de Instagram publicada a finales de julio por un reclutador oficial del Ejército ubicado en California. “También se trata de hacer todo lo que puedan para ayudar a proteger a sus padres, que sacrificaron todo por ellos”.

Se espera de los reclutadores que destaquen las prestaciones del servicio en las fuerzas armadas para atraer a solicitantes, y el permiso de residencia temporal sigue vigente, aseguró Christopher Surridge, portavoz del Ejército.

La Guardia Nacional indicó que no rastrea las detenciones de familiares de sus militares, ni qué reclutadores anuncian prestaciones migratorias, y pidió solicitar comentarios adicionales al DHS.

Soldado que ayudó a patrullar la frontera lidia con la detención de su padre

Para el especialista del Ejército Romero Ralios, la detención de su padre lo ha dejado arrepentido por haber sido emplazado el año pasado a la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, donde pasó nueve meses apoyando a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Su padre, Sebastian Ralios Tino, un jardinero guatemalteco sin antecedentes penales conocidos, fue detenido este verano. Vivió en Estados Unidos durante casi dos décadas sin tener estatus legal.

El oficial al mando de Ralios, el capitán Mohamed Elmaola, dijo a la AP que quería alzar la voz porque Ralios es un “soldado fenomenal” cuyo padre debería recibir el debido proceso.

“Es muy difícil comunicarse y tener credibilidad como líder cuando tus propios subordinados no pueden obtener apoyo”, manifestó Elmaola. “Teniendo en cuenta que dedicó su tiempo y su vida para apoyar y defender la Constitución de Estados Unidos, lo correcto es apoyar a los soldados y a sus familias”.

Ahora Romero Ralios no duerme bien debido al estrés y desearía no haber participado en las labores de control migratorio, aunque sólo estaba cumpliendo órdenes.

“Fue el karma. Debí haberlo sabido”, dijo Ralios a la AP. “Todas esas familias que destruí. Me arrepiento”.