Desde Los Zetas hasta el CJNG, el crimen organizado construyó durante dos décadas un sistema de extorsión sobre el campo michoacano que hoy abarca cada etapa de la producción, el empaque y el transporte del fruto
Por cada kilogramo de aguacate que sale de Michoacán, los grupos criminales cobran entre uno y dos pesos. Es una cuota discreta, casi invisible en el precio final del fruto, pero que multiplicada por los más de 5,400 millones de kilogramos que produce el estado al año, se convierte en uno de los negocios más rentables del crimen organizado en México.
Tan sólo dos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acumulaban, cada uno, hasta 10,800 millones de pesos anuales por extorsión al sector aguacatero y citrícola, según reveló la propia Fiscalía General del Estado de Michoacán en una conferencia este 5 de agosto de 2026
La cifra forma parte de un recuento más amplio que la FGE presentó al exponer los perfiles de nueve líderes criminales detenidos entre julio de 2025 y agosto de 2026. En conjunto, esos nueve operadores generaban cerca de 28,000 millones de pesos al año mediante extorsión a productores, transportistas y comerciantes de distintos sectores. El aguacate encabeza la lista.
El encargado de despacho de la Fiscalía, Israel Vega Rodríguez, detalló que Jorge Armando “N”, alias “El Lic” o “El Conta”, vinculado al CJNG y señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cobraba dos pesos por cada kilogramo de aguacate comercializado.
Mientras que Gerardo “N”, conocido como “El Congo”, “El Gordo” o “King Kong”, también identificado como operador regional del CJNG, acumulaba entre 7,200 y 10,800 millones de pesos al año por extorsión al sector citrícola y aguacatero en la zona de Uruapan y una parte de Apatzingán, precisó Vega Rodríguez.
El boom del aguacate atrajo al crimen organizado como ningún otro cultivo
El esquema no surgió de la nada. Fue la explosión económica del aguacate la que lo hizo posible y lo volvió irresistible para los grupos criminales.
Desde 1994 hasta 2022, la superficie cultivada en México creció 173%, hasta alcanzar 252,133 hectáreas, mientras el valor de la producción se multiplicó 527% para situarse en 63,450 millones de pesos, equivalentes a 3,105 millones de dólares, según un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC).
Ese crecimiento coincidió con la apertura del mercado estadounidense al aguacate mexicano en 1997, bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La demanda no paró de crecer desde entonces. En 2026, México está en camino de enviar 1.2 millones de toneladas de aguacate a Estados Unidos, lo que convertiría este año en récord histórico, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
Ese crecimiento, sin embargo, enfrenta hoy un freno abrupto. Este miércoles, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad y suspendió todas las actividades de su personal en Michoacán, incluidos los inspectores del USDA-APHIS encargados de certificar el aguacate para exportación. Sin esa certificación, ningún embarque puede salir.
Los Zetas abrieron el camino; La Familia Michoacana lo institucionalizó
La extorsión al sector aguacatero en Michoacán tiene raíces que se remontan a inicios de los 2000, cuando Los Zetas fueron el primer grupo criminal en incursionar en el cobro de cuotas a productores de la región, según documenta InSight Crime. No construyeron un sistema, pero establecieron el precedente.
Fue La Familia Michoacana la que en 2009 formalizó el esquema. Convocó a los productores con huertas de más de cinco hectáreas a una reunión que parecía una negociación pero era una imposición: el grupo ofrecía protección contra Los Zetas a cambio de una “cooperación voluntaria”. Fue cuestión de tiempo para que la cooperación dejara de ser voluntaria, según reconstruye el informe de GITOC citado por InSight Crime.
Los Caballeros Templarios heredaron el modelo y lo burocratizaron. En 2012, cuando ese grupo estaba en su apogeo, cobraban 2,000 pesos por hectárea. Con 112,673 hectáreas cultivadas en Michoacán ese año, la recaudación habría superado los 225 millones de pesos, según estimaciones de GITOC.
Lo que cambió con el paso de los años no fue la lógica del cobro sino su unidad de medida: el salto de pesos por hectárea a pesos por kilogramo fue determinante. Ya no importa cuánta tierra tienes sino cuánto produces y cuánto exportas.
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, identificó en diciembre de 2025 seis grupos criminales con operaciones activas en las zonas productoras: el CJNG, Los Viagras, Los Blancos de Troya, el grupo Independiente La Quiringua, los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana. Cada uno con zonas de influencia distintas, pero todos con el mismo modelo de negocio.
El cobro no para en la huerta: transportistas, empacadores y comerciantes también pagan
La extorsión no se limita al momento de la cosecha. Los cárteles construyeron un sistema de cobro en cascada que acompaña al fruto en cada etapa de su trayecto.
Jorge Alberto “N”, alias “La Galleta”, presunto líder de Los Caballeros Templarios en Tierra Caliente, cobraba alrededor de 7,000 pesos por cada camión de 12 toneladas de aguacate, además de entre 48,000 y 96,000 pesos semanales por comerciante en Pátzcuaro y localidades cercanas, según la FGE.
César Alejandro “N”, alias “El Botox”, líder de Los Blancos de Troya y señalado como autor material del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, generaba 2,550 millones de pesos al año por extorsión al sector limonero, carnicero, cervecero y de la canasta básica en Tierra Caliente, según la FGE.
Un informe de International Crisis Group publicado en 2024 recogió el testimonio de un cabecilla criminal de identidad reservada que admitió que uno de sus rivales le cobra pagos de protección a cerca de 80 cultivadores dos veces al año. Las estimaciones de esa organización calculaban ganancias de al menos 80 millones de pesos anuales para un solo operador de escala media.
Los cárteles no solo cobran cuota: también se apoderan de las tierras
La extorsión es solo una capa del control criminal. Debajo hay algo más profundo: el despojo. Según documenta GITOC, los grupos criminales desplazan a comunidades enteras para apoderarse de tierras protegidas y convertirlas en zonas de cultivo de aguacate.
“Los grupos criminales participan en cada paso de la cadena de valor, pero de diferentes maneras y en diferentes grados en diferentes regiones. Se utilizan actores violentos para desplazar, amenazar y matar a personas en tierras que no pueden utilizarse para el cultivo”, declaró el investigador Romain Le Cour Grandmaison a InSight Crime.
El desplazamiento erosiona comunidades enteras. Los pagos de protección, combinados con la amenaza constante, llevan a los agricultores a abandonar sus parcelas. Eso deja tierras disponibles que los propios grupos criminales aprovechan para ampliar la producción bajo su control directo, sin necesidad de cobrar cuota a nadie porque el huerto ya es suyo.
Ante la presión criminal, las comunidades de Michoacán respondieron en 2014 con la formación de grupos de autodefensa. Surgieron en municipios aguacateros y citrícolas como una respuesta directa a las extorsiones, y en sus primeros años lograron dar un respiro temporal a los productores en varias regiones, según documenta el reporte “Los cárteles mexicanos sacan beneficio del boom del aguacate, fruto estrella en EEUU”, de la Universidad de Navarra.
El alivio duró poco. En los años siguientes, muchos de esos mismos grupos fueron infiltrados por los criminales a los que decían combatir. Lo que nació como resistencia se convirtió en otro brazo del mismo sistema de control. Las industrias locales quedaron nuevamente a merced de los cárteles, pero ahora con un actor más en la cadena de cobro.
Hoy, la región aguacatera que comprende Uruapan, Taretan, Ziracuaretiro, Tancítaro y Nuevo Parangaricutiro opera bajo un esquema de cuotas donde el CJNG y células de Cárteles Unidos imponen el precio del “permiso” para cortar, empacar o transportar el fruto.
Quienes se han negado a pagar o han denunciado el esquema han pagado con la vida. En octubre de 2025, Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado después de denunciar públicamente las extorsiones de grupos criminales.
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