La dependencia informó que centros del estado «tenían conocimiento de repetidos incidentes de agresión y pese a ello, no protegieron a las prisioneras»
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que tiene motivos razonables para creer que las cárceles de California, no están protegiendo a las reclusas contra el abuso sexual por parte del personal carcelario.
A través de un comunicado, la dependencia señaló que las sospechas de estas prácticas están en el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, en inglés), el Centro Penitenciario para Mujeres del Centro de California (CCWF en inglés) y la Institución para Mujeres de California (CIW en inglés).
Detalla que mediante una investigación pudo determinar un presunto patrón persistente de conducta sexual inapropiada de parte del personal de los centros señalados contra mujeres presas. Asimismo, acusó que estos centros no están llevando a cabo correctamente la Ley de Eliminación de la Violación en Prisiones (PREA, en inglés).
«El Departamento concluyó que estas deficiencias sistémicas violan gravemente los derechos de los reclusos según las Enmiendas Octava y Decimocuarta», señaló el escrito sobre la Constitución estadounidense.
Al respecto, el fiscal general adjunto de la división de Derechos Civiles del departamento, Harmeet K. Dhillon, informó que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del estado «tenía conocimiento de repetidos incidentes de agresión» y pese a ello, no protegió a las prisioneras.
«Esta indiferencia deliberada ante el sufrimiento de las mujeres reclusas a manos del personal penitenciario es ilegal, y la División de Derechos Civiles, en colaboración con las Fiscalías de los Distritos Este y Central de California, pondrá fin a este brutal abuso”, aseguró.
Sobre el caso el primer fiscal auxiliar de Estados Unidos para el distrito central de California, Bill Essayli, señaló que el estado debe proteger a los presos bajo su custodia.
“Estos hechos son inaceptables. El Estado debe afrontar la persistente negligencia de sus propios empleados al no prevenir ni abordar el abuso sexual en estos centros, así como las fallas sistémicas que han permitido que estas condiciones persistan.
Como medida paliativa, el Departamento de Justicia notificó al estado de California sobre medidas correctivas mínimas necesarias para abordar los hechos. Entre ellas están generar una mayor cobertura de cámaras, canales de denuncia confidenciales mejorados, protocolos de investigación más sólidos, capacitación y supervisión del personal optimizadas e implementación de salvaguardias que cumplan con la Ley PREA.

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