Canyon. – La oficina de libertad condicional del condado de Canyon, en Idaho, elaboró una lista de personas nacidas en el extranjero que estaban bajo su supervisión y la entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La coordinación, revelada en más de 140 correos electrónicos obtenidos por Investigate West, incluyó avisos sobre fechas y horas de citas, lo que facilitó posibles arrestos en un entorno controlado.
Jeff Breach, director del Departamento de Libertad Condicional por Delitos Menores del condado, reconoció que la lista incluye a “individuos cuyo lugar de nacimiento es un país extranjero y también puede incluir a individuos que previamente fueron marcados con una retención migratoria”. Sin embargo, aclaró que verificar el estatus legal corresponde a las autoridades federales.
El listado contiene información de 82 personas en libertad condicional. El 54 por ciento de ellas estaba bajo supervisión por conducir bajo los efectos del alcohol, cinco por delitos de drogas y nueve por alterar el orden público. Solo siete tenían una retención activa del ICE, lo que sugiere que la mayoría no estaba en proceso de deportación.
Los correos electrónicos muestran que los agentes de libertad condicional notificaban regularmente al ICE sobre las citas de los supervisados. En al menos dos ocasiones, enviaron mensajes justo antes y durante las reuniones para confirmar si los agentes federales acudirían a detener a la persona. Un agente llegó a proporcionar la dirección del domicilio y los datos del vehículo de un individuo.
La abogada de inmigración Nikki Ramírez-Smith calificó la práctica como “una invasión de la privacidad”. Añadió: “Una cosa es saber que alguien es indocumentado; otra muy distinta es empezar a apuntar contra cada persona que nació en otro país”.
El condado de Canyon ya había sido señalado por cooperar con el ICE. En 2019, el Idaho Press reportó que la policía local notificaba a inmigración sobre “todos los reclusos nacidos en el extranjero”. Además, una redada en octubre de 2025 en Wilder terminó con más de 100 personas detenidas y una demanda de la ACLU de Idaho por discriminación racial.
Breach estimó que, en los últimos tres meses, agentes del ICE estuvieron presentes en una o dos citas de libertad condicional por mes. Defendió la cooperación al afirmar que “todas las agencias policiales con las que trabajamos prefieren reunirse con los infractores en la oficina porque es un entorno controlado, lo que significa que es más seguro para el infractor, el agente y el público”.
El departamento no tiene una política escrita sobre cómo interactuar con el ICE, pero sigue una práctica arraigada desde al menos 2008. El gobernador Brad Little alentó la cooperación con agentes federales mediante una orden ejecutiva, y once agencias de Idaho se han inscrito en el programa 287(g).
En contraste, estados como Washington y Oregón prohíben este tipo de coordinación. Aaron Korthuis, abogado del Northwest Immigrant Rights Project, señaló: “En Washington, esto nunca se permitiría porque el estado tiene protecciones para evitar este tipo de intercambio de información. En Idaho, está permitido (y probablemente incluso se fomenta). Creo que simplemente es otra táctica que el ICE ha desarrollado para identificar entornos fáciles y de bajo riesgo para que la agencia detenga a personas”.
La abogada Alycia Moss advirtió que incluso personas con estatus legal podrían ser afectadas. “El ICE aún puede apuntar a alguien si cree que la condena es un delito deportable o causal de expulsión, incluso si esa persona tiene estatus (legal). A veces, el ICE no acierta con eso”, explicó.
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