A más de tres años del incendio en la estación migratoria, un juez federal definirá hoy si Francisco Garduño Yáñez cumplió las condiciones que le fueron impuestas para suspender el proceso penal que enfrenta por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
La audiencia está programada para las 9 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal y corresponde a la causa penal 237/2023.
El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) obtuvo en enero de 2025 la suspensión condicional del proceso por un año y medio, a cambio de cumplir diversas condiciones.
Entre ellas se establecieron el pago de indemnizaciones a la totalidad de las víctimas, una disculpa pública, capacitaciones en derechos humanos y protección civil, así como acreditar acciones de supervisión de las estaciones migratorias y visitas periódicas para revisar sus condiciones de seguridad.
Gabriela Romero, asesora legal de parte de las víctimas e integrante de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), adelantó que la representación considera que las condiciones no se han cumplido en su totalidad y expondrá sus argumentos durante la audiencia.
Uno de los puntos que ha sido cuestionado es la disculpa pública, que Garduño realizó en septiembre de 2025 en el Museo de la Ciudad de México, pese a que las familias habían solicitado que se llevara a cabo en Ciudad Juárez, donde ocurrió la tragedia.
Romero señaló que Garduño, como titular del INM al momento del incendio, tenía obligaciones relacionadas con la supervisión de las instalaciones y las condiciones en que permanecían las personas migrantes.
También sostuvo que las violaciones a los derechos humanos no comenzaron con el incendio, sino desde la detención y permanencia de las personas en la estación migratoria.
“Quienes tenían el deber de proteger y reforzar la protección no lo hicieron y conocemos el fatal desenlace”, expresó.El incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 dejó 40 personas migrantes fallecidas y 27 lesionadas.
La investigación de la Fiscalía General de la República derivó en cinco causas penales contra alrededor de 11 personas, entre funcionarios y exfuncionarios del INM, un guardia de seguridad privada y dos migrantes venezolanos.
De acuerdo con Romero, DHIA representa a 10 sobrevivientes y nueve núcleos familiares de personas fallecidas.
El juez puede determinar que Garduño cumplió las condiciones y dar por concluido el proceso; conceder un nuevo plazo para cumplir las obligaciones que considere pendientes, o revocar la suspensión condicional y ordenar que el procedimiento continúe hacia las siguientes etapas, con la posibilidad de llegar a juicio.
Protestarán ciudadanos frente al Poder Judicial
Mientras se desarrolla la audiencia, ciudadanos, personas en movilidad y organizaciones de la sociedad civil fueron convocados a una protesta pacífica a las 7:30 de la mañana en el exterior del Poder Judicial de la Federación, sobre la avenida Tecnológico.
Ivet Marín, quien participa en la convocatoria como ciudadana, señaló que la protesta busca expresar su rechazo a lo que consideran un caso de “justicia selectiva” en favor de Garduño.
Marín agregó que entre las razones para considerar incumplidas las condiciones está que no ha existido una reparación integral del daño para sobrevivientes y familiares. Señaló que algunas personas afectadas todavía no han recibido atención médica especializada para atender las consecuencias que dejó el incendio.
La convocatoria busca reunir a ciudadanos juarenses, personas en movilidad y organizaciones de la sociedad civil para acompañar la audiencia y exigir justicia por la tragedia.
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