Tras el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM), la asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) obtuvo testimonios de hombres sobrevivientes que aseguraron haber sufrido descargas eléctricas mientras estuvieron detenidos, así como de mujeres que dijeron haber escuchado gritos y descargas eléctricas.
Los testimonios dejaron “al descubierto la utilización de esta clase de instrumentos dentro de los centros de detención”, señalaron ayer –en el marco del Día Internacional de Apoyo a Sobrevivientes de Tortura– Diana Solís, del Departamento de Incidencia en el área de Análisis, y Ciela Ávila, responsable de Comunicación de la agrupación local.
De acuerdo con las activistas, las condiciones en las que se encontraban en la estación provisional del INM habían sido señaladas durante una visita in situ organizada por el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria (GTPM) en septiembre del año pasado, donde se hizo una invitación a integrantes del Senado de la República para que conocieran las condiciones que enfrentan las personas en movilidad, pero no hubo respuesta.
“Con testimonios y durante la visita in situ, organizaciones no gubernamentales detectamos hacinamiento, maltrato psicológico, disuasión para acceder a algún tipo de regularización migratoria, negación de derechos básicos (agua, alimentos en buen estado, información) y servicios médicos, características que reflejan un entorno torturante”, señaló Ávila.
Las activistas informaron que las autoridades migratorias, así como otros cuerpos de seguridad, estatales y municipales, hacen uso y abuso del poder, cayendo en prácticas de tortura física o psicológica hacia las personas en situación de movilidad; sin embargo, el miedo hacia las autoridades impide que denuncien, como ha ocurrido principalmente con migrantes que han narrado haber sido víctimas de policías municipales en la ciudad.
“Dichas acciones se replican a lo largo del trayecto, recrudeciéndose en los centros de detención, también conocidos como estaciones migratorias o estancias provisionales. Estos espacios dan cabida a actos de tortura por la propia estructura asignada por el Estado a estos espacios de encarcelamiento que utilizan la detención de personas cuando la ley considera que es una falta administrativa el no contar con un estatus migratorio regular”, denunciaron.
Dijeron que organizaciones con base y redes de trabajo en Estados Unidos, han reportado que, una vez estando en aquel país, las personas que estuvieron en Ciudad Juárez refirieron haber sobrevivido a actos de tortura derivados de la privación ilegal de la libertad y secuestro durante su tránsito por México.
Como organización acompañante de personas en movilidad, dijeron detectar que la tortura es, en ocasiones, una de las razones que obliga a las personas a dejar sus hogares.
“Lamentablemente, durante el inicio del tránsito para la búsqueda de la tranquilidad y una vida digna, las personas se ven aún más expuestas a este tipo de actos de lesa humanidad, con la aplicación de políticas migratorias de contención y castigo”, señaló Solís.