El día de ayer la comisión jurisdiccional del Congreso del Estado declaró como procedente la denuncia presentada por el ciudadano Gerardo Cortinas Murra en la que solicita iniciar juicio político en contra del exgobernador de Chihuahua , debido a que sus actos y omisiones durante su mandato presuntamente provocaron que se dejaran de ahorrar millones de pesos derivado del incumplimiento del acuerdo de austeridad.
Cortinas Murra refiere que el 19 de enero del 2017 el gobernador aprobó un acuerdo para implementar medidas de seguridad y racionalidad del gasto público, el cual no fue cumplido y se omitieron acciones necesarias para reducir los salarios de la alta burocracia estatal, así como para optimizar y racionalizar los gastos de la Administración Pública Estatal.
En la solicitud se detalla también la omisión del gobierno de Javier Corral Jurado al no presentar iniciativas de ley tendientes a reducir el financiamiento público de los partidos políticos y la reducción de plazas.
Cortinas Murra además señala como omisiones que afectaron al erario las siguientes:
1. La omisión de concluir la compra-venta de los siguientes inmuebles: “Casa de Gobierno” y la oficina alterna del Gobernador del Estado; así como diversos inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.
2. La omisión de concluir la compra-venta de la flota aérea propiedad del Gobierno del Estado.
3. La omisión de concluir el procedimiento de subasta pública de 500 vehículos propiedad del Gobierno del Estado.
4. El incumplimiento de la prohibición para que los funcionarios públicos viajaran en primera clase en vuelos comerciales.
5. El incumplimiento de la prohibición en vuelos comerciales realizados por el titular del Poder Ejecutivo -fuera del Estado- para eventos ajenos por completo a las funciones del gobierno estatal.
6. El gasto excesivo erogado por los siguientes conceptos: combustible y mantenimiento de la flotilla aérea del Gobierno del Estado; así como también el pago por los servicios de los pilotos contratados;
10. La nula implementación de medidas de austeridad tendientes a reducir el sueldo de los altos funcionarios de gobierno.
Una vez que fue aprobado que se iniciara con el procedimiento que marca la Ley de Juicio Político, la comisión deberá notificar a la parte denunciada a fin de hacer válida su garantía de defensa y contestar la denuncia por escrito, junto con el ofrecimiento de pruebas dentro de los 10 días siguientes a la notificación.
Concluido el plazo para contestar a la demanda, la comisión jurisdiccional debe acordar la apertura de un periodo de veinte días para el desahogo de pruebas y concluido el proceso probatorio se realizará el procedimiento de alegatos, los cuales se deberán presentar por escrito dentro de los ocho días siguientes.
Una vez que sean presentados los alegatos, la comisión jurisdiccional formulará las conclusiones y deberá emitir un dictamen dentro de los veinte días siguientes, remitiendo este a la presidencia del Congreso del Estado para que se convoque a sesión del Pleno a fin de someter a votación la resolución.
Si las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes emiten una resolución que finque responsabilidad a la parte denunciada, se emitirá una resolución condenatoria y se sancionará con la inhabilitación para el ejercicio de cargos en el servicio público por uno a veinte años.
Si la mayoría resuelve que no existe responsabilidad de la parte denunciada, se archivará el expediente como asunto concluido y la persona servidora quedará absuelta.
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