El presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, enfrentará el próximo domingo uno de los principales desafíos de su Gobierno con el referéndum en el que la ciudadanía votará a favor o en contra de la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
Esta es la principal norma que ha regido el mandato de Lacalle Pou, quien la puso en marcha a principios de junio de 2020, apenas cuatro meses después de haber asumido.
Desde entonces la oposición impugnó gran parte de la Ley por considerar que valida la violencia institucional, criminaliza a menores de edad y viola los derechos humanos, de huelga y de protesta social.
El año pasado, el Frente Amplio, la principal alianza opositora, y organizaciones sociales lograron recolectar las 730.000 firmas (más de las que necesitaban) para convocar a un plebiscito que podría erigirse en una especie de balance sobre los dos años de Gobierno de Lacalle Pou, cuya popularidad, de acuerdo con las encuestas, ronda el 50 %.
La Ley consta de 476 artículos que abordan todos los aspectos de la vida pública, desde la educación y la salud hasta la seguridad pública, la economía y relaciones laborales y comerciales, e incluso la flexibilización en los controles de lavado de dinero.
Algunos de los artículos más controvertidos se refieren a la seguridad pública, ya que flexibiliza las potestades de las fuerzas de Seguridad en las manifestaciones al mismo tiempo que limita las protestas que afecten la libre circulación de las personas. También aumenta las penas para menores de edad que cometan delitos y les impone regímenes de semilibertad.
Por otra parte, incrementa las penas por tráfico de drogas, amplía de dos a cuatro horas el plazo con el que cuenta la Policía para informar sobre la detención de una persona y permite que las fuerzas Armadas y las de Seguridad registren a cualquier persona de manera aleatoria y cuando lo deseen, sin justificación de por medio.
Sí o No
Otro artículo particularmente cuestionado se refiere a la actualización de los precios de combustibles, ya que la Ley permite que se realice en un plazo no mayor a 60 días, lo que ha derivado en aumentos constantes que afectan a los usuarios, lo que el Gobierno prometió que no iba a ocurrir. La respuesta del oficialismo es que el incremento se debe al mercado internacional.
Con respecto a los alquileres, la Ley facilita los desalojos de inquilinos y sube las penas por mora en el pago de la renta, lo que la oposición califica como una «política cruel» contra las familias.
Desde que se aprobó el referéndum, el Gobierno ha estado inmerso en una campaña para que la sociedad opte por el «No» (boleta azul), ya que Lacalle considera que la Ley representa un programa de gestión que no debe ser obstaculizado por la oposición que perdió las elecciones en 2019.
También asegura que en sus casi dos años de vigencia no ha habido casos de «gatillo fácil», es decir, ejecuciones por parte de las fuerzas de Seguridad como anticipaban los detractores de una Ley que ha permitido reducir la tasa de delitos y recuperar el respeto a la autoridad.
La oposición, por su parte, llama a votar por el «Sí» (boleta rosa) al argumentar que solo se modificarán determinados artículos de una Ley de la que Lacalle Pou nada dijo durante su campaña presidencial. Insiste, además, en que han aumentado las denuncias de abusos policiales y reconoce que los delitos, efectivamente, bajaron, pero fue por la inmovilidad de la pandemia, no por mérito de esta norma.
Por otra parte, recuerda que a pesar de su amplitud y de sus implicancias, la Ley se aprobó en un trámite exprés, lo que impidió un debate plural y abierto a la sociedad.
Ello se debe a que la legislación uruguaya permite que los proyectos de urgente consideración enviadas por el Poder Ejecutivo se convierten automáticamente en ley si no son aprobados por el Congreso en determinados plazos.
En este caso, el Poder Legislativo solo contaba con 100 días para discutir 475 artículos que impactaban en la vida de toda la ciudadanía y que, según la oposición, solo ha limitado derechos y libertades.