El régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022 generó “graves retrocesos en materia de derechos humanos“, concluyó un informe anual del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA).
El documento, según explicaron en una conferencia de prensa los representantes del OUDH, da cuenta de las detenciones masivas y de arrestos arbitrarios, además de un incremento del uso de la fuerza letal de los miembros de entidades de seguridad y un subregistro en la cifra de homicidios.
De acuerdo con Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, en 2022 la Policía Nacional Civil (PNC) registró 86 mil 46 detenciones, de las que 61 mil 300 se dieron bajo el régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales.
Esto representa un incremento del 174 por ciento, respecto a las 31 mil 300 detenciones de 2021.
Apuntó que “este aumento desproporcionado en el número de las detenciones ya es un indicador del abuso de la detención en flagrancia” y que se “ha incurrido en graves violaciones a derechos humanos”.
Recordó que las organizaciones humanitarias, al menos hasta febrero pasado, habían documentado 4 mil 500 “casos de vulneraciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción”, de las que “la mayoría correspondían a detenciones arbitrarias”.
Indicó que solo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registró más de 400 casos de detenciones arbitrarias.
Apuntó que, de acuerdo con sus cálculos, a finales de 2022 el sistema penitenciario salvadoreño tenía una capacidad instalada para albergar a 30 mil 864 personas, pero las detenciones en el contexto del régimen generó un hacinamiento del 306 por ciento, lo que genera “vulneración a derechos humanos”.
En el marco del régimen, el sistema judicial decretó la detención provisional de 53 mil 156 personas, además se registraron al menos 110 audiencias masivas y la Corte Suprema recibió 3 mil 396 habeas corpus, de los que solo 27 fueron “admitidos para trámite”.
El Gobierno salvadoreño señala a todos los detenidos de pertenecer a las pandillas Barrio 18, Mara Salvatrucha (MS13) y otras minoritarias.
INCREMENTO DE MUERTES A MANOS DE AUTORIDADES
Rodríguez indicó que en 2022 la Policía Nacional Civil registró 171 enfrentamientos armados, en los que habrían 82 personas y resultado heridas otras 51 identificadas por las autoridades como supuestos pandilleros. En estos tiroteos también murieron 3 policías y fueron heridos 11.
Los enfrentamientos se elevaron 62 por ciento, respecto a los 105 de 2021, mientras que la cifra de civiles -supuestos pandilleros- fallecidos se elevó 67.3 por ciento frente a los 49 de 2021.
Indicó que el índice de letalidad se posicionó en 1.61 por ciento, lo que “evidencia el abuso del uso de la fuerza letal en el marco de enfrentamientos armados, porque es esperable que siempre haya menos fallecidos que lesionados”.
El OUDH llamó a la Asamblea Legislativa a que “deje sin efecto el régimen de excepción, restituyendo las garantías procesales y derechos fundamentales en vista de la ausencia de las causales constitucionales para su vigencia”.
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