“Parece Hiroshima o Nagasaki”, dijo sin poder contener el llanto el entonces Gobernador de Beirut, Marwan Abboud, la tarde del 4 de agosto de 2020, mientras pisaba cristales. Reconoció que nunca había visto tanta destrucción.
La explosión del puerto en la capital del Líbano provocó en pocos segundos más destrozos que la guerra civil en 15 años. La onda expansiva mató a al menos 218 personas e hirió a más de siete mil. El origen de todo: la detonación de centenares de toneladas de nitrato de amonio, un material explosivo que estaba almacenado desde 2013 en el corazón de Beirut.
Ya entonces, el Líbano estaba hundido en una crisis económica insalvable. Durante los primeros días después de la explosión, miles de personas se manifestaron exigiendo justicia. Poco después, las concentraciones se quedaron vacías. La preocupación por tener algo que comer y la desconfianza en obtener respuestas hicieron que la gente regresara a sus casas, o a lo que quedara de ellas.
Dos años más tarde, no hay ni una sola persona condenada por la explosión. “Tuve que aprender sobre política libanesa para entender qué es lo que está ocurriendo. Incluso he dejado mi trabajo desde hace un año para centrarme en la lucha por la justicia y dedicar todo mi tiempo a ello”, cuenta a RFI Mariana Fodoulian, miembro de la Asociación de Familias de las Víctimas, que lidera la lucha contra la impunidad. Ella perdió a su hermana Gaia en la explosión.
UNA PELÍCULA DE TERROR
Las familias de las víctimas luchan contra la impunidad, pero también contra el escepticismo de sus conciudadanos. La mayoría del país trata de pasar página sin depositar esperanzas en ningún proceso judicial. “En mi familia soy la única que está luchando. Mi madre siempre dice que aquí nunca habrá justicia. En cuanto a los políticos, están trabajando para ver quien se cansará antes. Si nosotros o ellos”, denuncia Fodoulian.
Mariana y muchas otras personas siguen picando piedra. Las mueve la sensación de rabia y de injusticia: sus seres queridos no habían hecho nada para encontrar la muerte. “Todas las víctimas estaban en sus casas, o en el trabajo. No estaban alzando armas ni yendo a ninguna guerra”, dice.
Recuerda que todo ocurrió cuando eran las 18:07 horas. Era un día de verano y muchos se preparaban para ir a tomar algo después de un día de playa. Otros, salían del trabajo y se iban a casa a reunirse con los suyos. “Fui al baño antes de salir del trabajo y sentí el terremoto. La pared de nuestra clínica estaba realmente cayéndonos encima, pero algo la retuvo”, cuenta Mariana Fodoulian.
“Pensé en asegurarme si mi madre estaba bien. Cuando la llamé, ella empezó a gritar. Decía ‘hermana, muerta’”, recuerda. Los barrios cercanos al puerto de Beirut se convirtieron en una película de terror. Había personas llorando, otras se desplazaban ensangrentadas y muchas no podían caminar por sí solas. Puertas y ventanas habían salido disparadas en todas direcciones, impactando contra los cuerpos de los beirutíes. La ciudad entera estaba metida en una nube de polvo.
“EL GOBIERNO ESTÁ SABOTEANDO LA INVESTIGACIÓN”
Un año después de la explosión, una investigación de Human Rights Watch apuntó contra varios hombres que habían formado parte del Gobierno durante o antes de la explosión. Ali Khasan Khalil, exministro de Finanzas, y Ghazi Zeaiter o Yousef Fenianos, ambos exministros de Obras Públicas, estaban entre los señalados. Los tres habían sido advertidos de la presencia del nitrato de amonio en el puerto. Alguno de ellos, tan pronto como en 2014.
A pesar de que existan estas evidencias, la investigación judicial no está en marcha. El Juez que lidera el caso, Tarek Bitar, lleva siete meses sin poder trabajar después de que la clase política bloqueara la investigación.
“La investigación está suspendida porque el Ministerio de Finanzas está rechazando firmar un decreto que adjudicaría jueces en el tribunal más alto en el Líbano, la Asamblea General del Tribunal de Casación, capaz de lidiar con las demandas presentadas por los antiguos ministros. Por lo tanto, el Gobierno está saboteando la investigación y está evitando que se retome”, explica a RFI Ghida Frangieh, miembro de la organización Legal Agenda, que trabaja por el buen funcionamiento del sistema judicial en el Líbano.
Para el Juez Bitar, el actual bloqueo es sólo el último obstáculo. Antes, los propios exministros a quienes el Juez ha querido interrogar plantearon decenas de trabas para torpedear el caso. Frangieh denuncia que la nula independencia del sistema judicial hace que los poderosos del país se sientan capaces de amenazar a los jueces. Sea por el caso de la explosión del puerto o por crímenes cometidos durante la guerra civil, los jueces son atacados con demandas y con fuertes campañas de difamación en la prensa.