ENTRAMADO FINANCIERO DE ROCHA MOYA; NEPOTISMO Y NEGOCIOS BAJO LA SOMBRA DE LOS CHAPITOS

La red de empresas vinculadas a los hijos y socios de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se convirtió en un entramado de contratos públicos, licitaciones a modo y triangulación de recursos que hoy es investigado por la UIF y la justicia de Estados Unidos.

Al margen de las acusaciones por su presunta colusión con la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, instaló en los puestos clave del estado a un grupo que tomó las riendas del aparato burocrático e hizo negocios al amparo del poder; además de contratar a empresas creadas por socios de sus hijos y de su yerno, el gobierno estatal organizó licitaciones a modo para compañías que triangularon parte de los recursos hacia empresas de los hijos del mandatario.

Esta red de compañías, encabezada por Rubén, José Jesús y Ricardo Rocha Ruiz, se encuentra bajo investigación del gobierno de Estados Unidos, lo que ha obligado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a investigar a las empresas de los hijos del mandatario y a ordenar a las entidades del sistema financiero mexicano el congelamiento de las cuentas bancarias de Rocha Ruiz y sus nueve coacusados “de forma preventiva”, aunque la UIF resaltó el 18 de mayo último que estas medidas “no constituyen una determinación definitiva”.

Entre los socios de las empresas de los Rocha Ruiz –llamadas Constructora Chocosa, Stare It Services, Construcciones Suaqui, Grupo Rofcar, A&R Inyecta Soluciones, A&R Soluciones y Estadísticas, Agronegocios y Servicios El Águila del Norte y Chocosa Ranch– destaca José Carlos Cárdenas Mellado, quien fue nombrado director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) en 2024, y al que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó como uno de los enlaces de Rocha Moya con Los Chapitos, como lo reveló Proceso en su edición XVI.

También aparece Luis Manuel Mercado Rosales, presidente suplente del Comité de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM), una instancia a la que el gobierno de Sinaloa entregó 198 millones de pesos en los primeros cinco meses de 2026, según una revisión realizada por Proceso a los miles de convenios y contratos otorgados por la administración de Rocha entre 2021 y 2024, y en lo que va de 2026, disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). De manera extraña, en la PNT no están disponibles los contratos de obras y servicios entregados por el gobierno de Sinaloa en 2025.

De acuerdo con un reportaje de N+ publicado el 6 de mayo último, el gobierno de Rubén Rocha entregó el control de la JUMAPAM a los operadores de los Chapitos, y con ello las juntas municipales de agua potable de Culiacán y Guamúchil.

En su empresa constructora Chocosa, los Rocha tienen como socio a Francisco Javier Barrón Sandoval, cuyos hijos han ocupado cargos en la administración estatal de Sinaloa bajo la gestión de Rocha. Uno de ellos, Francisco Javier Barrón Aguayo, fue nombrado subsecretario de Desarrollo Sustentable en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable apenas en febrero pasado, en una dependencia entonces dirigida por Omar López Campos, el suplente de Enrique Inzunza Cázarez –coacusado con Rocha en Estados Unidos– en el Senado.

Coincidencia o no, Barrón Aguayo era socio –en Grupo del Siaric 2019, una empresa dedicada a la comercialización de sal– de Juan de Dios Gámez Mendívil, el ahijado de Rubén Rocha Moya y presidente municipal de Culiacán con licencia, acusado también por la justicia de Estados Unidos de trabajar para Los Chapitos. El tercer socio de la empresa, Jorge Miguel Morales Donada, es hermano de María del Carmen Morales Donada, la secretaria de Obras y Servicios Públicos de Culiacán.

Eduardo Aguirre Medina, director administrativo de los servicios de Salud del Estado, una institución que junto con el DIF ha otorgado contratos a la red de compañías y socios de los hijos de Rocha Moya, es un hombre cuya trayectoria empezó en la militancia de las izquierdas (fue estudiante y maestro normalista en los setenta, en los que se relacionó con la combativa Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México), se desarrolló en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y creció en el PRD a finales de los noventa, cuando el partido era presidido por Andrés Manuel López Obrador.

Ceguera gubernamental

Los señalamientos sobre las redes de empresas de Sinaloa no son desconocidos en el estado. En noviembre de 2020, en plena pugna por la candidatura de Morena a la gubernatura, el político de Redes Sociales Progresistas, Julio Cahue Heras, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado donde acusaba a Rubén Rocha Moya, entonces senador de Morena, de tráfico de influencias, por las asignaciones de contratos públicos –por 64 millones 660 mil pesos– a la constructora Chocosa durante los gobiernos de los priistas Jesús Aguilar Padilla y Quirino Ordaz Coppel, de quienes Rocha había sido asesor.

Otros casos de asignaciones de recursos públicos a las empresas de esta red fueron documentados por periodistas de Sinaloa –como Aarón Ibarra en Proceso, pero también Marcos Vizcarra, Sibely Cañedo, Adrián López o el equipo de Ríodoce–, pero fueron ignorados por el gobierno federal y el oficialismo durante cinco años, como lo fueron las denuncias sobre la participación de hombres armados para beneficiar a Rocha Moya durante las elecciones de 2021, o sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, durante el secuestro de Ismael el Mayo Zambada en julio de 2024.

El año pasado, el medio Xpectro exhibió, en una exhaustiva investigación periodística –basada, entre otros, en documentos de Estados Unidos y del Servicio de Administración Tributaria (SAT)–, la vasta simulación que imperaba en el otorgamiento de contratos de obra pública en Sinaloa, con un grupo de 23 empresas que se repartieron las contrataciones mediante ofertas similares, a veces con diferencias de algunos centavos de peso, entregando obras mal construidas, como el puente El Quelite, adjudicado a una de las empresas de esta red, llamada Grobson, que se derrumbó tres semanas antes de la fecha de su inauguración.

La investigación apuntó también a asignaciones irregulares desde el DIF, encabezado por Eneyda Rocha Ruiz, la hija del entonces gobernador, que entregó contratos de cientos de millones de pesos a…

Fragmento del reportaje publicado en la edición 36 de la revista Proceso, correspondiente a junio de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.