El Congreso del Estado de Chihuahua «atoró» la reforma constitucional que buscaba establecer mecanismos para blindar las elecciones locales frente a la intervención del crimen organizado.
El dictamen, que planteaba modificaciones a la Constitución Política del Estado en materia de nulidades electorales, fue sometido a votación en el pleno legislativo, donde no alcanzó la mayoría calificada requerida para su aprobación.
La propuesta obtuvo 19 votos a favor, 12 en contra y una abstención, por lo que fue desechada al no reunir el respaldo suficiente para reformar el marco constitucional.
La iniciativa contemplaba la incorporación de causales específicas para anular comicios en los que se acreditara la intervención o influencia de grupos delictivos, con el objetivo de fortalecer la integridad de los procesos electorales en la entidad.
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