julio 2, 2026

CALIBRE800.MX

EL MEJOR NOTICIARIO DE LA RADIO

SE CUMPLEN DOS MESES DE QUE ROCHA MOYA PIDIO LICENCIA COMO GOBERNADOR DE SINALOA Y SIGUE ESCONDIDO

El círculo cercano del morenista también ha desaparecido de la vida pública, tal es el caso de su hija, Eneyda Rocha, quien, pese a mantenerse como presidenta del Sistema DIF estatal, no ha encabezado eventos ni realizado apariciones públicas

Este miércoles se cumplen dos meses de que Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, solicitó licencia como gobernador de Sinaloa el pasado 1 de mayo, luego de afirmar que dejaría el cargo mientras se realizaban las investigaciones.

Desde que el morenista pidió licencia, ha permanecido escondido; sólo ha hecho pronunciamientos en sus redes sociales para informar que comparecería ante la FGR por las acusaciones.

Sin embargo, pese a que el acusado aseguró que acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Sinaloa, nadie constató su llegada ni su salida del lugar, a diferencia de los otros acusados, cuyo arribo fue presenciado por los medios de comunicación locales.

Desde su salida, la gobernador interina Yeraldine Bonilla, aseguró que el morenista se encuentra en Sinaloa, sin embargo no ha aparecido en público, ni tampoco su hija Eneyda Rocha, pese a que mantiene su cargo como titular del DIF Sinaloa, pero no ha encabezado eventos, ni actos públicos.

Reportan el nacimiento del bebé de Yeraldine Bonilla

Medios locales reportaron este miércoles el nacimiento de la segunda hija de la gobernadora interina.

La morenista había informado previamente que no pediría licencia tras dar a luz y anticipó que sólo se ausentaría unos días, lo que generó críticas de legisladores locales de oposición.

Desde el Congreso, los diputados afirmaron que no se puede gobernar Sinaloa desde la comodidad del hogar, debido a la crisis de violencia que atraviesa el estado.

Caso Rocha Moya y funcionarios acusados 

El caso escaló el 29 de abril, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció una acusación contra Rocha Moya, Inzunza, Gámez y otros siete funcionarios por presuntos delitos de narcotráfico y armas, al sostener que habrían colaborado con el Cartel de Sinaloa y con la facción de Los Chapitos.

El Gobierno confirmó además el bloqueo preventivo de cuentas de los señalados, una medida que, según explicó, derivó de las órdenes de arresto en Estados Unidos y no de una investigación interna.