“No me va a arrebatar la palabra” fue la advertencia de la jueza Victoria Alejandra Espinoza Alaniz durante el primero de varios desencuentros que marcaron el quinto día del juicio oral por terrorismo derivado del “Jueves Negro”.
Reclamos por la conducción de los interrogatorios, señalamientos de un trato desigual hacia las defensas, objeciones constantes y llamados al orden interrumpieron en repetidas ocasiones una audiencia que, pese a la tensión, avanzó con la incorporación de nuevos testimonios y pruebas.
La audiencia forma parte de la causa penal 8/2023, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Juan Carlos V. y Jorge Antonio C. B. del delito de terrorismo por los ataques registrados el 11 de agosto de 2022.
El primer momento de fricción ocurrió durante el contrainterrogatorio al policía municipal Óscar Valenzuela Montelongo.
La defensa de Jorge Antonio insistió en varias ocasiones sobre la hora en que el agente inició labores aquel día y sobre el número de personas que participaron en la detención del acusado, luego de que el testigo declarara que fueron las propias víctimas y comerciantes de un tianguis quienes dieron alcance a los presuntos responsables del intento de incendio de un camión de transporte de personal en Riberas del Bravo.
La jueza consideró que los cuestionamientos eran reiterativos y pidió a la defensora Priscila Delgado Ramírez replantear sus preguntas.
La litigante respondió defendiendo la pertinencia de su estrategia y ambas sostuvieron un breve intercambio que elevó el tono de la audiencia.“No me va a arrebatar la palabra”, respondió la jueza.Instantes después volvió a intervenir para decirle: “Concéntrese, abogada”.
Ambiente tenso
El ambiente volvió a tensarse cuando la defensa cuestionó al policía sobre el certificado médico practicado a Jorge Antonio tras su detención.
Después de varios ejercicios de memoria, el agente confirmó que el documento describía lesiones en el rostro, muñecas, codos, brazos, abdomen, antebrazos, glúteos y espalda del acusado.
A partir de ello, la defensa pretendió que el testigo leyera textualmente ese apartado del dictamen, al argumentar que minutos antes la Fiscalía sí había permitido que el mismo agente leyera directamente de su informe los nombres de las víctimas del ataque al camión.
Las defensas de ambos acusados sostuvieron entonces que el Tribunal estaba aplicando criterios distintos para cada una de las partes y reprocharon que actuaciones permitidas al Ministerio Público fueran impedidas a los abogados defensores.
La jueza rechazó ese señalamiento, pues manifestó que durante la audiencia ya se habían presentado varias faltas de respeto e hizo un llamado de atención a las defensas de los acusados para continuar con el desahogo del contrainterrogatorio.
Los desacuerdos continuaron cuando intervino Francisco Rafael Menes Meraz, defensor de Juan Carlos V., quien buscó formular preguntas relacionadas con las detenciones realizadas por el policía el 11 de agosto de 2022.
La Fiscalía objetó varios cuestionamientos y la jueza los declaró impertinentes.La respuesta del litigante fue inmediata.
“Está siendo tendenciosa con la defensa y permisiva con la Fiscalía”, expresó al dirigirse a la juzgadora.“Evite hacer actos calificativos de esta juzgadora”, respondió Espinoza Alaniz.
Tras ese intercambio, el abogado anunció que ya no formularía más preguntas y desistió del contrainterrogatorio.
La tensión no terminó ahí. Minutos después, al resolver nuevas objeciones, la jueza llamó la atención a las defensas por las expresiones que realizaban mientras emitía sus determinaciones.“No veo por qué las risas ante las resoluciones de la juzgadora; les pido que se conduzcan con respeto.
Yo creo que no es tan difícil conducirnos con respeto”, manifestó desde el estrado.El último desencuentro de la jornada ocurrió cuando la Fiscalía proyectó fotografías de una bomba molotov y de los daños ocasionados a un camión de transporte de personal.
Las defensas objetaron al considerar que se abusaba de la exhibición de imágenes con fines ilustrativos; sin embargo, la jueza autorizó proyectarlas una última vez.
Desde el área de la defensa surgió una risa de incredulidad.
“Deje de reírse de las determinaciones de esta juzgadora”, respondió la presidenta del Tribunal, cerrando así otra de las discusiones que marcaron la audiencia.
Mientras los intercambios entre las partes ocupaban buena parte de la jornada, la Fiscalía continuó fortaleciendo su acusación con nuevos testigos.
Compareció la agente del Ministerio Público Erika García, quien declaró que las dos víctimas del intento de incendio del camión en Riberas del Bravo identificaron a Jorge Antonio C. B., mediante un reconocimiento en Cámara de Gesell, como la persona que habría participado lanzando bombas molotov a la unidad.
El perito en balística José Fabián Castro Zaragoza presentó un dictamen sobre 69 casquillos calibre .223 localizados en la colonia El Jarudo; posteriormente, el perito en incendios Gustavo Alfredo Ruiz concluyó que el camión de transporte de personal con número económico 9232 presentó un conato de incendio provocado mediante una bomba molotov y expuso un segundo dictamen sobre otra unidad, identificada con el número económico 6417, que quedó prácticamente destruida por un artefacto del mismo tipo.
Además, la agente Diana María López Téllez, quien rindió testimonio sobre la investigación del ataque armado contra el conductor de un automóvil Ford modelo 2016, caso en el que no hubo personas detenidas ni identificadas.
También la perito en balística María Karen Borrego Torres, quien incorporó el dictamen elaborado sobre una de las bombas molotov aseguradas en Riberas del Bravo.
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