‘HA SIDO UN DOLOR, A QUE ESTA JUGANDO’…

Por segunda ocasión, la audiencia de formulación de imputación por fraude contra Carlos Javier M. S., representante legal de Funeraria Latinoamericana, fue diferida luego de que la nueva defensa solicitó más tiempo para imponerse de la carpeta de investigación.

Con ello, ocho víctimas del caso relacionado con el Crematorio Plenitud deberán esperar casi dos meses más para que inicie el proceso penal en el que buscan justicia y la reparación del daño.

La audiencia de imputación, se llevaría a cabo este martes 4 de agosto, sin embargo, otras vez, las familias víctimas regresaron a casa sin respuestas.

La audiencia, correspondiente a la causa penal 1459/2026, estaba programada para este martes ante el juez de Control Raúl Palos Pacheco, quien concedió el diferimiento solicitado por la defensa.

Se trata del segundo aplazamiento por la misma razón, ya que el pasado 1 de junio la diligencia también fue suspendida tras un cambio de abogado.

La investigación acusa al representante legal de la funeraria del presunto fraude cometido en perjuicio de ocho familias que contrataron servicios de cremación y recibieron cenizas que no correspondían con sus seres queridos, quienes posteriormente fueron identificados entre los cuerpos localizados en el Crematorio Plenitud.

La nueva audiencia fue programada para el 25 de septiembre, a las 12:00 horas.

Sin embargo, las víctimas expresaron su temor de que vuelva a repetirse la historia.Seis de las ocho personas afectadas acudieron al Centro de Justicia.

Al salir de la sala manifestaron su molestia pues consideraron que cada diferimiento prolonga el duelo y retrasa cualquier posibilidad de reparación. Algunas aseguraron haber pagado hasta 30 mil pesos por un servicio de cremación que nunca fue realizado.

Tras la audiencia, personal del Ministerio Público les informó sobre la posibilidad de acceder a un mecanismo de justicia alternativa mediante un acuerdo reparatorio, opción que será valorada por las familias.

De acuerdo con la representación social, el imputado manifestó disposición para recurrir a esa vía.

“*Ha sido un dolor”*Entre las víctimas se encontraba Rosa Torres, quien recordó que en 2022 su esposo contrató por adelantado su propio servicio funerario y pagó 23 mil 800 pesos para ser cremado.

Tiempo después, la familia recibió la llamada que cambió todo, la Fiscalía les informó que sus restos estaban entre los 386 cuerpos localizados en el Crematorio Plenitud.

“Esto ha sido un dolor. ¿A qué está jugando?”, cuestionó al referirse al representante legal de la funeraria.“Me hablaron de Fiscalía, a mí y a mis tres hijos, para decirnos que mi esposo era uno de los 386 cuerpos”, relató.

Después, otra funeraria realizó la cremación de manera gratuita.Antes de retirarse, lanzó un último reclamo

.“A las autoridades les pido que se haga justicia; lo que nos hicieron no tiene nombre, se burlaron de la gente.”