agosto 12, 2026

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EXIGEN RESPUESTAS POR CONTAMINATES A MARATHON PETROLEUM

El Paso.- Las emisiones registradas durante un incidente en la refinería de Marathon Petroleum en El Paso generaron reclamos de autoridades locales, quienes exigieron a la empresa mayor transparencia y explicaciones sobre los contaminantes liberados al ambiente.

El episodio comenzó el martes, cuando una unidad de craqueo catalítico fluidizado (FCC) de la refinería presentó una alteración en su proceso y tuvo que ser detenida. Durante las horas posteriores, residentes de zonas cercanas reportaron fuertes olores y presencia de humos, mientras que la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) documentó emisiones que superaron ampliamente los límites establecidos en los permisos ambientales.

De acuerdo con el reporte de la agencia estatal, entre las 7:47 de la noche del martes y las 7:47 de la noche del miércoles se liberaron 862 libras de dióxido de azufre. El límite establecido para este contaminante era de 0.24 libras en un periodo de 24 horas, por lo que la emisión registrada fue 3 mil 591 veces superior al máximo permitido.

El informe también documentó la liberación de 19 libras de 1,3-butadieno y 8 mil 897.9 libras de propileno —equivalentes a aproximadamente 4.4 toneladas— durante un periodo de dos horas y 13 minutos. Ambos contaminantes tienen un límite de emisión de 1.25 libras por hora, según el reporte citado.

La situación provocó cuestionamientos de funcionarios que representan a las comunidades cercanas a la refinería. El representante municipal Josh Acevedo señaló que su oficina recibió quejas de residentes preocupados por los olores y humos y sostuvo que las explicaciones iniciales proporcionadas por Marathon no coincidieron con la información posteriormente contenida en los reportes de la TCEQ.

Acevedo pidió que representantes de Marathon comparezcan ante el Ayuntamiento de El Paso para explicar qué ocurrió, qué sustancias fueron liberadas, cuándo la empresa conoció la magnitud del incidente y qué información se proporcionó a los funcionarios y residentes durante las primeras horas.

También solicitó conocer las medidas que la compañía implementará para mejorar la comunicación con la comunidad y garantizar que, ante futuros incidentes, las autoridades y habitantes reciban información precisa y oportuna.

El comisionado del condado de El Paso, David Stout, se sumó a los reclamos y calificó como inaceptable la respuesta de la compañía hacia las familias que viven en las inmediaciones de la refinería.

Stout afirmó que no recibió información directamente de Marathon cuando comenzó el incidente y que tuvo que comunicarse con la administración de la planta para obtener detalles. Según el funcionario, inicialmente se le informó que se había identificado la fuente del olor, que se había instalado un sistema de monitoreo y que no se habían detectado riesgos para la salud.

Sin embargo, posteriormente conoció los reportes de la TCEQ sobre las cantidades de contaminantes emitidas, lo que, dijo, generó preocupación y cuestionamientos sobre la información proporcionada durante el incidente.

El profesor asociado de UTEP Gabriel Ibarra-Mejía explicó que las cantidades reportadas superan ampliamente los límites establecidos y señaló que este tipo de emisiones pueden representar un impacto para el ambiente y las comunidades cercanas.

Por su parte, Marathon Petroleum sostuvo que personal especializado respondió a las alertas, identificó el origen del problema y tomó medidas para solucionarlo. La empresa también señaló que instaló un sistema de monitoreo de la calidad del aire como medida preventiva y afirmó que no se registraron lecturas que indicaran un riesgo para la salud pública.

Las autoridades locales buscan ahora que la compañía proporcione información detallada sobre las emisiones, los posibles efectos de las sustancias liberadas y los protocolos utilizados durante la emergencia.

El caso ha colocado nuevamente en el centro del debate la relación entre la actividad industrial y las comunidades que viven alrededor de la refinería, mientras funcionarios locales demandan un monitoreo más estricto de la calidad del aire y una comunicación más transparente ante cualquier incidente ambiental.