A dos semanas de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para poner fin al “turismo de nacimiento”, el abogado de inmigración Arturo Vázquez pidió a las madres y padres que tuvieron hijos en Estados Unidos con una visa de turista no cruzar a El Paso para evitar la cancelación del documento.
“La orden es retroactiva, no hay límite de tiempo hacia atrás y todo depende del oficial, todos sabemos que hay oficiales muy agradables y hay otros que no lo son (…) la recomendación es que no vengan a El Paso hasta que un juez federal aclare esta situación por la que estamos pasando”, externó.
El abogado dijo esperar que antes de octubre el juez responda a la demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) contra la orden de Trump que atenta contra la ciudadanía por derecho de nacimiento.
“Las órdenes ejecutivas de Trump son un torpe intento de distraer al pueblo estadounidense del claro fallo de la Corte Suprema: que la ciudadanía por derecho de nacimiento está protegida por nuestra Constitución”, declaró Carol Rose, directora ejecutiva de ACLU de Massachusetts, al presentar la moción ante el tribunal federal de New Hampshire el pasado 11 de agosto.
“Permaneceremos en los tribunales el tiempo que sea necesario para garantizar la tranquilidad de nuestros clientes y asegurar que los bebés nacidos en suelo estadounidense tengan los derechos que les garantiza la ley de Estados Unidos”, agregó.
Tras la firma de la orden de Trump, el pasado 6 de agosto, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de El Paso recibieron indicaciones de comenzar a cancelar las visas de turista a madres que hayan cruzado la frontera para tener un hijo ciudadano estadounidense, aunque la decisión de cada caso quedó a discreción de los propios oficiales.
De acuerdo con el abogado, quien ha documentado decenas de casos con al menos 94 víctimas, la remoción del documento ha sido tanto a la madre como al padre de familia.
El argumento del presidente estadounidense es que “la ciudadanía no es una mercancía que se pueda adquirir mediante la explotación calculada y la evasión de las leyes de inmigración, como por ejemplo, ingresando a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz dentro de las fronteras de la nación”.
“Las comunidades inmigrantes sabemos que nuestros derechos están en juego, especialmente cuando el Gobierno nos usa como chivos expiatorios.
La administración Trump ya perdió una vez y volverá a perder”, declaró Aarti Kohli, directora ejecutiva del Asian Law Caucus, tras la moción presentada por ACLU, ACLU de Nuevo Hampshire, ACLU de Maine, ACLU de Massachusetts, el Fondo de Defensa Legal, el Caucus de Derecho Asiático y el Fondo de Defensores de la Democracia.
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