El llamado “turismo de nacimiento”, una práctica que durante años llevó a mujeres extranjeras, entre ellas mexicanas residentes de Ciudad Juárez y otras comunidades fronterizas, a contratar servicios de maternidad en hospitales de Texas, quedó nuevamente en la mira del gobernador Greg Abbott, quien durante su visita a El Paso advirtió que su gobierno actuará contra clínicas y proveedores médicos que participen en esquemas destinados a facilitar que extranjeras viajen al estado específicamente para dar a luz.
Abbott fue categórico al señalar que Texas investigará a establecimientos que promuevan o faciliten este tipo de servicios y advirtió que aquellos que violen las disposiciones estatales podrían enfrentar severas consecuencias.
“Con respecto a cualquier proveedor de atención médica que participe en esto de alguna manera, lo clausuraremos si está involucrado en el turismo de maternidad”, declaró Abbott durante una rueda de prensa con medios locales en El Paso.
El mandatario texano hizo referencia a publicidad que, aseguró, había sido colocada en México para promover servicios de parto en territorio estadounidense.
“Ha habido anuncios en México y vallas publicitarias que dicen: ‘Tenga su bebé en Texas’. Eso es ilegal, eso está mal”, sostuvo. Abbott agregó que su administración también había detectado operaciones relacionadas con ciudadanos chinos que promocionaban en aquel país la posibilidad de viajar a Texas para tener hijos.
Las declaraciones del gobernador representaron una nueva advertencia dentro de una ofensiva que Texas había comenzado semanas antes y que posteriormente encontró respaldo en las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno federal.
El 7 de julio, Abbott ordenó a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) investigar al Mission Regional Medical Center, después de que surgieran señalamientos de que se promocionaban en el extranjero “paquetes de nacimiento” en el Sur de Texas. Posteriormente, las autoridades estatales remitieron al procurador general información relacionada con dos hospitales vinculados a publicidad de este tipo.
La investigación se amplió. El procurador general de Texas, Ken Paxton, confirmó el 29 de julio que su oficina investigaba a Mission Regional Medical Center, en Mission, y al Knapp Medical Center, en Weslaco, después de que anuncios en español colocados cerca de la frontera promocionaran servicios de parto para mujeres embarazadas en México.
Meses antes, en abril, Paxton había presentado una demanda contra un centro de atención posparto del área de Houston acusado de facilitar un esquema similar dirigido a ciudadanas chinas.
El 21 de julio, Abbott elevó las acciones a nivel estatal mediante una orden ejecutiva que instruyó a diversas agencias de Texas a investigar posibles esquemas de ‘turismo de nacimiento’ dentro de la industria médica.
La disposición alcanzó a organismos encargados de supervisar hospitales, médicos, enfermeras, parteras y otros proveedores. Entre las posibles medidas establecidas se encontraban la suspensión o revocación de licencias, restricciones para participar en contratos estatales y la remisión de posibles violaciones a las autoridades correspondientes.
La ofensiva estatal se sumó posteriormente a la política de Washington. El presidente Donald Trump firmó el 6 de agosto de 2026 una orden ejecutiva denominada “Ending Birth Tourism”, mediante la cual definió el ‘turismo de nacimiento’ como la entrada de una extranjera a Estados Unidos con una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense, así como los esfuerzos destinados a facilitar ese ingreso.
La orden facultó a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional para adoptar medidas que podrían incluir impedir la entrada, negar o revocar visas o autorizaciones de viaje, e incluso prohibir permanentemente el ingreso de personas que entren o intenten entrar a Estados Unidos con el propósito de participar en ‘turismo de nacimiento’. También contempló acciones contra individuos u organizaciones que faciliten esos esquemas.
La disposición federal significó un cambio particularmente sensible para la región El Paso-Ciudad Juárez, donde durante años mujeres mexicanas con capacidad económica contrataron de manera privada servicios de ginecología, obstetricia y hospitalización del lado estadounidense.
El endurecimiento de las políticas comenzó a generar incertidumbre entre algunas mujeres mexicanas que tenían programado dar a luz en hospitales de El Paso y que ahora temían poner en riesgo sus visas de cruce fronterizo.
Ese fue el caso de la señora Aguirre, madre de tres hijos, quien esperaba que su cuarto bebé naciera también en Estados Unidos. Cuando faltaban aproximadamente dos meses para el nacimiento decidió cancelar los servicios que tenía contemplados en El Paso ante el temor de enfrentar consecuencias migratorias.
“Ni modo, mi niña será ciudadana mexicana legalmente, eso sí, con mucho orgullo”, expresó con nostalgia.
Su situación reflejó la incertidumbre que comenzó a extenderse entre algunas familias de Ciudad Juárez que tradicionalmente habían recurrido a médicos y hospitales privados de El Paso para recibir atención durante el embarazo y el parto.
Hasta el momento, directivos de hospitales locales no han fijado públicamente una postura conjunta sobre el posible impacto financiero que la disminución de pacientes extranjeras podría representar para el sector.
Personal médico consultado, y que solicitó mantener su identidad en reserva, consideró, sin embargo, que una reducción importante de pacientes procedentes de México podría repercutir no solamente en los hospitales, sino en toda la cadena de servicios vinculados con un nacimiento: ginecólogos, obstetras, anestesiólogos, pediatras, enfermeras, laboratorios y otros especialistas.
“Son cientos de nacimientos de madres de familias mexicanas y de otros países que se aliviaban aquí, pero ahora ya no tendremos esas pacientes”, expresó una enfermera de uno de los nosocomios locales.
Las declaraciones del gobernador encontraron una respuesta crítica de la comisionada del Condado de El Paso Iliana Holguín, quien consideró que existen otras necesidades en las que el Gobierno de Texas debería concentrar sus esfuerzos.
“Desafortunadamente, yo pienso que hay esfuerzos mucho más importantes en que se debe estar enfocando el gobernador. Tenemos tantas necesidades aquí en Texas”, expresó. Holguín cuestionó además la visita de Abbott y consideró que sus recientes anuncios estuvieron relacionados con el escenario político y electoral.
“Él ahora está viniendo y anunciando diferentes cosas, pero más bien es porque está en campaña. Sabemos que es algo político”, manifestó.
La comisionada señaló que preferiría ver una mayor atención del estado a problemas que enfrentan los distritos escolares y otras necesidades de las comunidades fronterizas.
Sobre las posibles consecuencias para los hospitales, Holguín reconoció que las nuevas medidas podrían tener efectos económicos y consideró necesario un diálogo entre las autoridades estatales y los gobiernos locales.
“Seguro puede afectar a los hospitales. Hay mucho en lo que puede afectar negativamente”, señaló. “Lo mejor sería que él viniera y hablara con nosotros, con el Condado, con la Ciudad de Socorro, con la Ciudad de El Paso, para tratar de manejar los asuntos de una manera colaborativa”.
El debate sobre el ‘turismo de nacimiento’ adquirió especial relevancia en Texas por su extensa frontera con México y por la existencia de servicios médicos privados que históricamente atendieron a pacientes internacionales.
Sin embargo, las acciones adoptadas por Texas no significaron que el simple hecho de ser extranjera, estar embarazada o recibir atención médica en el estado estuviera automáticamente prohibido. La ofensiva gubernamental se enfocó en esquemas organizados para utilizar visas de no inmigrante con el propósito de viajar a Estados Unidos a dar a luz, particularmente cuando existiera fraude, publicidad engañosa o negocios que facilitaran esas operaciones.
La orden de Abbott instruyó expresamente a las agencias estatales encargadas de hospitales y profesionales médicos a investigar denuncias y aplicar las herramientas regulatorias existentes, mientras que la administración Trump llevó la ofensiva al terreno migratorio mediante las facultades de los departamentos de Estado y Seguridad Nacional.
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