‘JUEVES NEGRO’,,SIN UNA RESPUESTA…

Luego de la sentencia absolutoria dictada el pasado lunes a favor de los únicos dos acusados de formar parte del supuesto plan para generar terror en la ciudad mediante 29 hechos violentos durante el ‘Jueves Negro’, el conjunto de crímenes cometidos aquel 11 de agosto de 2022, que dejó nueve civiles y dos internos del Cereso muertos, permanece sin una persona condenada por su organización.

Aunque múltiples testigos, principalmente custodios del Cereso 3, refirieron que los hechos violentos de aquel día fueron ordenados desde el penal para evitar el traslado de Ernesto Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, hacia otro centro penitenciario, ninguno pudo acreditar de manera directa esa versión, determinó la jueza Victoria Alejandra Espinoza Alaniz durante la lectura del fallo.

Tampoco se acreditó la existencia de un plan común y coordinado, con reparto de funciones entre los participantes, señaló la juzgadora.

De esta manera, no existe hasta ahora una sentencia que establezca quiénes organizaron o coordinaron el conjunto de ataques que paralizó la ciudad aquel día.

Hasta la fecha, cinco personas han sido condenadas por hechos concretos relacionados con aquella jornada. Cuatro recibieron penas que en conjunto suman 379 años de prisión por el ataque contra policías municipales ocurrido la madrugada del 12 de agosto.

El quinto condenado es Jorge Antonio C. B., quien recibió una pena de un año, un mes y 15 días de prisión por daños agravados, derivados del incendio de un camión de transporte en Riberas del Bravo.

Estas condenas no establecieron responsabilidad por la organización del conjunto de ataques ni por el supuesto plan para generar terror en la ciudad.

Las únicas personas que la Fiscalía vinculó directamente con ese plan fueron Jorge Antonio C. B. y Juan Carlos V. T., ambos absueltos al no acreditarse su participación en los términos planteados por la acusación.Mientras el proceso avanzaba, las víctimas y sus familias quedaron fuera de una parte fundamental del juicio.

La situación quedó expuesta en septiembre, cuando la Fiscalía reclasificó la acusación contra Juan Carlos V. T. para incluir homicidio calificado.

En ese momento, la defensa señaló que las víctimas de esos homicidios y sus familiares no habían sido individualizados dentro de esa nueva acusación ni contaban con un asesor jurídico que los representara.

La FGR aceptó la designación de un asesor, pero la jueza señaló que el juicio ya estaba en una etapa avanzada y que, si existía una sentencia condenatoria, sería entonces cuando se atendería lo correspondiente a las víctimas, incluida su representación y la reparación del daño.Sin embargo, el fallo terminó siendo absolutorio.

Sin respuestas para familias de 11 fallecidos

En el caso de María del Refugio Gómez Ramírez, quien murió por asfixia durante el incendio del Rapiditos Bip Bip, su familia tampoco tuvo participación en el proceso penal ni fue notificada, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio. Mucho menos, señalaron, tuvo conocimiento del juicio por terrorismo.

Su familia mantiene una demanda por la vía civil contra la empresa operadora de la tienda. El litigio se centra en las condiciones de seguridad del establecimiento, entre ellas la falta de capacitación para actuar ante incendios y la realización de simulacros que, según la demanda, la empresa estaba obligada a efectuar.

El proceso civil continúa pendiente.Pero por la muerte de María del Refugio no hay una persona detenida o condenada.

Tampoco ocurrió con los cuatro trabajadores de la empresa radiofónica asesinados durante los ataques.A cuatro años de aquella jornada, las condenas existentes corresponden a hechos concretos ocurridos durante el ‘Jueves Negro’, pero nadie ha sido condenado por el supuesto plan común y coordinado que, según la acusación de la Fiscalía, comenzó dentro del Cereso 3 y desencadenó incendios, quema de camiones y establecimientos y balaceras que dejaron 11 muertos.

El juicio terminó, pero la pregunta sobre quién organizó aquella jornada de violencia sigue sin una respuesta establecida por una sentencia.