ORGANIZACIONES PROVIDA PROTESTAN AFUERA DE LA SUPREMA CORTE

Rechazan resoluciones que ordenan a congresos estatales a legislar en materia de aborto e infancias trans.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones provida acudieron a manifestarse afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las resoluciones que ordenan a congresos estatales a legislar en materia de aborto e infancias trans.

Rosa María Rivera, del Frente Nacional por la Familia, zona Norte del Estado de México; Leticia Robles, de Actívate; Lourdes Varela, de 40 días por la Vida y Daniel Castañeda de Pasos por la Vida, leyeron un pronunciamiento afuera del edificio sede de la Corte en el que enfatizaron en que los ministros no legislan, sólo interpretan la ley.

“Estamos aquí para demostrar nuestro rotundo rechazo a la sentencias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere imponerle a estados como: Guanajuato, Puebla, Jalisco, Morelos, Queretaro y Yucatán, una visión ideológica que jamás fue aprobada democráticamente por el pueblo de México. Y eso debe denunciarse con absoluta claridad. ¡La Suprema Corte pretende imponer una suprema injusticia!”, dijeron.

“La pretensión de la Suprema Corte de imponer criterios que nunca fueron aprobados por los Congresos Locales viola directamente la separación de poderes y debilita nuestra democracia constitucional”.

Después de leer el pronunciamiento, realizaron una proyección de diversos mensajes enfatizando que la Corte no puede legislar.

El caso de Yucatán

La protesta surgió luego de que el juez Tercero de Distrito en el estado de Yucatán requirió a los legisladores de la entidad para que modifiquen la Constitución local y deroguen diversos artículos que la extinta Primera Sala de la SCJN declaró inconstitucionales en materia de aborto.

La orden incluyó un apercibimiento de multas individuales a los legisladores yucatecos de hasta 269 mil 226 pesos en caso de incumplimiento de la sentencia del amparo en revisión 274/2024.

Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 73/2021 el Pleno de la Corte dio al Congreso de Puebla unaño para reformar su Código Civil para establecer un procedimiento de reconocimiento de “identidad de género autopercibida” de personas menores de edad bajo el apercibimiento de que, si no cumplen, los legisladores podrían ser multados con 14 mil 77 pesos aproximadamente.

“Estamos a favor de la vida, de la familia y de todas las libertades”, dijo Rosa María Rivera quien fue cuestionada por Proceso sobre quién, si no es la Corte, sería la autoridad competente para obligar a los legisladores a hacer su trabajo.

“No se trata de obligarlos, para eso están los legisladores, por eso el pueblo les ha dado su voto, porque creemos en los legisladores y pedimos que se les respete”.

Las facultades de la Corte y los órganos jurisdiccionales para obligar a los congresos estatales y el federal a legislar o corregir legislaciones para ajustarlas a la Constitución y tratados y convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos, conforme a las resoluciones emitidas en la materia, están previstas en la Ley de Amparo que no sólo permite que les sean impuestas multas para casos de incumplimiento sino que también prevé la consignación de las autoridades responsables por el delito de desacato y el procedimiento de Declaratoria General de Incosnstitucionalidad.

El procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad se realiza cuando la Corte ha declarado inconstitucional una ley o reforma y el Congreso estatal o federal no ha reformado conforme a los parámetros establecidos por el Máximo Tribunal.

Al acreditarse el incumplimiento, la Corte puede eliminar la ley o reforma que declaró inconstitucional para obligar a los legisladores a hacer su trabajo y regular nuevamente pues de esta manera se evita que ciertas cuestiones queden sin leyes.