El gobierno de Donald Trump prepara una nueva fase en su ofensiva militar contra el narcotráfico en Latinoamérica: llevar la lucha desde el mar a tierra firme mediante operaciones conjuntas con aliados regionales. La estrategia, anunciada por el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una visita a Panamá, busca replicar en territorio continental los ataques que ya han dejado más de 200 muertos en embarcaciones del Caribe y el Pacífico oriental.
Hegseth afirmó que Colombia, Guatemala y Honduras aceptaron permitir operaciones militares conjuntas contra grupos criminales, sumándose a Ecuador, que inició misiones similares en marzo. Sin embargo, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo negó haber alcanzado tal acuerdo, al señalar que sería ilegal sin aprobación del Congreso. El anuncio se produce tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 y su designación de 20 organizaciones criminales latinoamericanas como terroristas extranjeras.
La ampliación de la campaña militar estadunidense ha encendido alarmas entre expertos y críticos, quienes advierten sobre riesgos de víctimas civiles y una posible reacción regional duradera. «Lo que está ocurriendo es un intento de legitimar un mayor uso del ejército de Estados Unidos en la región», señaló Michael Shifter, experto en América Latina del centro de estudios Inter-American Dialogue. «Proyecta poder, demuestra superioridad militar y permite que Washington imponga su agenda. Esto no es cooperación; es, obviamente, una relación muy asimétrica».
De ataques navales a presencia terrestre
Desde su regreso al poder, la administración Trump ha intensificado su presencia militar en la región. Además de los bombardeos a embarcaciones, Washington envió fuerzas a Venezuela para capturar a su presidente e involucró a agentes de la CIA en operativos contra laboratorios de droga en México. Hegseth equiparó a los narcotraficantes con grupos extremistas islámicos: «En cualquier lugar donde trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadunidense o a nuestros socios, son un objetivo igual que ISIS o Al Qaeda».
En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella, respaldado por Trump, ha solicitado mayor participación militar estadunidense, incluida la posibilidad de ataques contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Hegseth confirmó que ya trabajan con Ecuador y Colombia para «llevar la lucha a las (organizaciones designadas como terroristas) en tierra», un cambio cualitativo respecto a décadas de cooperación limitada a inteligencia y entrenamiento.
No obstante, la implementación de estas operaciones enfrenta obstáculos legales y políticos. En Guatemala, el gobierno progresista de Arévalo ha rechazado la presencia de tropas extranjeras sin aval legislativo. México, bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, también ha resistido la presión para permitir que el ejército estadunidense participe en combate contra los cárteles en su territorio.
Soberanía en juego y riesgos de escalada
Analistas advierten que la estrategia militarizada podría no resolver los problemas de seguridad y sí exacerbar tensiones. «En última instancia, Estados Unidos tendrá que definir qué significa ‘operaciones conjuntas’ en cada uno de estos países. Puede descubrir bastante rápido que esto es algo con lo que la mayoría de los gobiernos, incluso gobiernos de derecha, se sienten bastante incómodos», expresó Adam Isacson, analista de defensa de la Washington Office on Latin America.
El riesgo de víctimas civiles es especialmente alto en Colombia, donde los grupos armados operan entre poblaciones. Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, explicó que un bombardeo a un campamento del ELN podría empujar a los rebeldes a replegarse en aldeas, aumentando el peligro para los civiles. «Estados Unidos bombardea un campamento del ELN en Colombia o en Venezuela, ¿qué es lo primero que va a hacer el ELN? Van a desmantelar todos sus campamentos y se van a mover a las aldeas y a los pueblos», afirmó.
La presión interna sobre los presidentes latinoamericanos para mostrar resultados en seguridad choca con el límite de la opinión pública respecto a la soberanía. «Todos estos presidentes, sin importar cuán de derecha sean, enfrentan presión para hacer algo sobre la seguridad y para dar una señal de que persiguen a los ‘malos’ que hacen que la gente se sienta insegura», comentó Isacson. «Pero también saben que sólo pueden ceder soberanía hasta cierto punto antes de que la opinión pública empiece a volverse en su contra».
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